George Rodríguez EP. El régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informaron, este viernes, que acordaron mantener abrir un canal de comunicación, para abordar temas referidos a la solución de la crisis sociopolítica que afecta al país centroamericano.
El acuerdo fue logrado durante la breve visita que una delegación de la OEA realizó, esta semana, a Nicaragua, indicaron, la cancillería nicaragüense y la Secretaría General de la OEA, en breves comunicados emitidos por separado.
Al informar que “el Gobierno de Nicaragua sostuvo importantes conversaciones con una Delegación de la Secretaría General de la OEA, ayer 14 de Febrero del 2019”, la cancillería señaló que, “durante el Encuentro se intercambió información y perspectivas sobre la situación de Nicaragua, y sobre la importancia de dar continuidad a las Mesas de Intercambio Constructivo entre nuestro Gobierno y la Secretaría General de la OEA, a fin de avanzar en Ruta hacia Reformas Electorales y hacia las Elecciones Presidenciales del 2021”.
La administración de Ortega –oficialmente denominada Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional- se declaró anuente al establecimiento de esa vía de comunicación.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, valora la importancia de este intercambio y el acuerdo de mantener el canal de comunicación abierto con la Secretaría General de la OEA”, expresó el ministerio, al cierre del comunicado de tres párrafos.
Por su parte, la secretaría de la organización continental informó, en el comunicado de su Departamento de Prensa, que su delegación, “en el día de ayer (…) estuvo presente en Managua a iniciativa del Gobierno de Nicaragua con la finalidad de mantener conversaciones exploratorias respecto a la situación en el país”.
El equipo de la organización regional señaló la necesidad de, entre otros puntos, concretar la liberación de los presos políticos, de acuerdo con lo indicado en el comunicado, de cuatro párrafos, de la OEA, sin identificar a los integrantes de la delegación visitante ni a sus interlocutores gubernamentales, agregó el Departamento de Prensa.
“En el contexto de los mandatos e instrumentos jurídicos correspondientes, la delegación de la Secretaría General de la OEA planteó la liberación de los presos políticos, la necesidad de contar con avances en el proceso político electoral y la importancia de considerar las recomendaciones del Sistema Interamericano, entre otros aspectos”, informó, además.
El grupo visitante escuchó la respuesta gubernamental a los planteamientos de la delegación, indicó, además, en la breve hoja de prensa titulada “Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Nicaragua”.
“Se recibieron las posiciones del Gobierno de Nicaragua sobre los puntos mencionados. Al respecto, el Gobierno de Nicaragua invocó que a su entender las personas detenidas han sido objeto del debido proceso y anunció su intención de fortalecer el proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la ley”, agregó.
Cumplida la visita, la OEA indicó que queda a la espera de que sea posible continuar el diálogo bilateral iniciado en Managua, la capital nicaragüense.
“La Secretaría General aguardará en este sentido ante la eventualidad de poder proseguir las negociaciones en el marco de la agenda propuesta por la Secretaría General, al tiempo que se acordó el mantenimiento de un canal de comunicación a tales efectos”, señaló el Departamento de Prensa, sin proporcionar detalles adicionales.
Ambos comunicado fueron emitidos luego de conocidas, en Managua, in formaciones sobre lo que fue descrito como la inesperada visita de integrantes del equipo de trabajo del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quienes se abstuvieron de formular declaraciones a periodistas.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen Ortega-Murillo ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
En tal contexto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) -los dos equipos de trabajo con los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contaba en el país-, fueron expulsados, por la cancillería nicaragüense, el 19 de diciembre, fecha en la cual el ministerio también suspendió la visitas de la comisión a esa nación centroamericana.
