Nicaragua: rectores universitarios costarricenses denuncian contubernio gobierno-paramilitares en Nicaragua

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George Rodríguez, EP. El Consejo Nacional de Rectores (Conare) de Costa Rica denunció que la represión antiopositora que se registra hace casi tres meses en Nicaragua es resultado de lo que describió como el contubernio entre el gobierno y grupos paramilitares.

La violenta crisis política que convulsiona a ese país centroamericano es resultado de la intolerancia que muestra la administración del presidente Daniel Ortega, aseguró el Conare, en un comunicado que, fechado el 15 de julio, fue difundido este martes.

Ante tal situación, los rectores de las cinco universidades estatales de Costa Rica solicitaron al gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, que promueva medidas de presión para que cese la represión y se reinicie el Diálogo Nacional en procura de una solución pacífica al conflicto nicaragüense.

“Bajo pretextos insostenibles, el gobierno de Nicaragua ha rehusado discutir, por una vía civilizada y razonable, la necesaria democratización de su régimen; antes bien, su respuesta ha sido la punición violenta, incluso con el contubernio con grupos paramilitares irregulares”, plantearon.

En lugar de atender la exigencia de paz planteada por la sociedad nicaragüense, la administración Ortega optó por la represión generalizada, señalaron, además.

“La (…) crisis social y política que se ha cernido sobre la sociedad civil nicaragüense, ha sido el resultado de un clima de intolerancia e insensatez de parte del actual aparato de gobierno de ese país, que no ha dudado en reprimir indiscriminadamente las justas demandas que por vía pacífica esa sociedad ha querido poner en marcha”, indicó el Conare.

En ese contexto, es necesario que el gobierno de Costa Rica solicite, al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, promueva la convocatoria a debate en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad de la organización mundial, para abordar medidas de presión para que el gobierno nicaragüense detenga, de inmediato, la represión, indicó.

Además, para que “se inste al Gobierno a reanudar las negociaciones de paz con las organizaciones representativas de la población civil, y se conmine al mencionado gobierno de Nicaragua, acceder a que se produzca una convocatoria anticipada de elecciones, a la brevedad más conveniente para propiciar una solución pacífica del conflicto”, agregó.

Respecto a la crisis nicaragüense, durante la visita de esta semana a Costa Rica y luego de una reunión con Alvarado, el secretario general de Naciones Unidas señaló, el 16 de este mes, que es esencial que la violencia cese en Nicaragua, y que se revitalice el Diálogo Nacional en procura de lograr una solución inclusiva a la crisis sociopolítica nicaragüense.

Guterres también ofreció a la organización mundial como mediadora en el conflicto.

“Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia, y que se revitalice el diálogo nacional para encontrar una solución inclusiva”, subrayó el funcionario internacional, quien aseguró que, “desde las Naciones Unidas, nos ponemos a entera disposición del gobierno nicaragüense para servir como mediador en este proceso”.

La situación nicaragüense amerita que Naciones Unidas actúe para detener la escalada de violencia desencadenada hace casi tres meses, dijo, por su parte, Alvarado, luego de la reunión que ambos desarrollaron en la Casa Presidencial, en San José, la capital de Costa Rica.

Es oportuno, asimismo, considerar el abordaje regional centroamericano del problema, sugirió, además, Alvarado, en las declaraciones que los dos líderes formularon a periodistas.

La represión y la violencia llevadas a cabo, por fuerzas policiales, grupos paramilitares y civiles progubernamentales armados, contra manifestantes opositores, se han agudizado, señalaron los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en un Mensaje Pastoral.

Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.

En casi tres meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado más de 350 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.

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