REFILE-CORRECTING TYPO A masked anti-government protester takes part in a march called March of the balloons in Managua Nicaragua September 9 2018 The signal reads Freedom for political prisoners REUTERS Oswaldo Rivas
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George Rodríguez EP. Cincuenta presos políticos fueron pasados, este viernes, al régimen de casa por cárcel, informó el Ministerio de Gobernación (Mingob) de Nicaragua.

Los beneficiados con la medida son 42 hombres y ocho mujeres, de acuerdo con la lista contenida en una Nota de Prensa difundida por la oficina de Relaciones Públicas ministerial.

Entre los detenidos no figura ninguno de quienes han centrado la mayor atención a nivel mediático, entre ellos, varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.

El comunicado contiene un escueto párrafo declaratorio, según el cual el ministerio “da a conocer a las Familias nicaragüenses y de otras Nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública. Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares”.

El ministerio hizo, así, referencia a los detenidos por haber participado en masivas manifestaciones –pacíficas, aunque fuertemente reprimidas por efectivos policiales y parapoliciales- y otras actividades de oposición al régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Amanera de encabezado para la nómina, la dependencia gubernamental reafirmó, en caracteres rojos, y aún más escuetamente, la explicación oficial de la medida.

“Lista de 50 personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública, que recibieron el viernes 15/03/2019 el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares”, precisó.

La medida se sumó a similar acción, llevada a cabo la mañana del 27 de febrero, que benefició a aproximadamente un centenar de presos políticos.

Ambos cambios de régimen de detención tienen como marco la negociación que el gobierno y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) iniciaron el 27 de febrero, horas después de la primera excarcelación.

La primera medida –cambio a régimen de casa por cárcel- se replicó este viernes, no obstante el hecho de que, en un comunicado que emitió el 11 de marzo –durante un impase de seis días, en la negociación-, la alianza planteó que, para reincorporarse a las conversaciones, esperaba “muestras contundentes” de voluntad política, de parte del gobierno, en primer lugar, la específica liberación de los presos políticos.

“Entre estas muestras están: libertad de presos políticos, cese de la represión y los secuestros”, así como “plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a reclusos”, además de “cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos”, precisó, entonces, la ACJD.

La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.

Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.

Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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