George Rodríguez EP. El régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, persiste en violar acuerdos logrados en el marco de la negociación en procura de solución a la violenta crisis sociopolítica que afecta al país, denunció, este lunes, la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Desde el 15 de abril, se ha detenido más de un centenar de personas, una docena de las cuales permanece en prisión, indicó la ACJD, en un breve comunicado.
Consecuencia de ello, la agrupación indicó que decidió solicitar, a los dos testigos y acompañantes internacionales de la negociación, un encuentro bilateral previo a la reunión que convocaron, para el martes, entre ambas partes en las conversaciones.
“La Alianza Cívica ha tomado la decisión de solicitar un encuentro bilateral para informar sobre nuevos incumplimientos de los acuerdos del 29 de marzo que se incrementaron a partir del 15 de este mes, dejando como resultado a 160 personas secuestradas de las cuales trece todavía permanecen en prisión. También identificamos nuevos patrones de represión”, planteó, en el texto de dos párrafos.
La ACJD aludió así a la invitación que los testigos formularon, el 12 de abril, a ambas partes, para llevar a cabo, el 23 de este mes, un nuevo encuentro en el marco de la negociación que se encuentra en un impase.
“La Alianza Cívica espera que los testigos y garantes tomen nota de la situación y actúen conforme a su mandato”, expresó.
Los dos testigos -el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –representante del Vaticano-, y Luis Ángel Rosadilla -representante de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, informaron, el 12 de abril, mediante una breve Nota de Prensa que citaron, a las delegaciones gubernamental y de la ACJD, a sesionar luego de la Semana Santa, para determinar la implementación de acuerdos clave logrados al final de marzo.
Se trata de avanzar en los puntos referidos a la puesta en libertad de los centenares de presos políticos, precisaron, para agregar que la convocatoria fue decidida a partir del diálogo que ambos desarrollaron con dos integrantes de cada equipo negociador, de acuerdo con lo señalado en el texto de un párrafo.
“El día de hoy en nuestra condición de Testigos y Acompañantes Internacionales de la Mesa de Negociación (…) convocamos a dos representantes de cada delegación de la Mesa de Negociación, con el objetivo de conversar sobre las condiciones que permitan en forma efectiva y oportuna avanzar en la implementación de los Acuerdos suscritos los días 27 y 29 de marzo de 2019”, indicaron.
En la próxima sesión del proceso negociador, será presentada, a la consideración de ambas partes, una propuesta para ejecutar esos acuerdos, agregaron.
“En continuidad de este esfuerzo, estamos invitando a los miembros de la Mesa de Negociación a una reunión de trabajo el día 23 de abril de 2019, a las 10:00 de la mañana (…) para presentarles a su consideración, revisión y aprobación la propuesta de implementación de los puntos previamente acordados”, informaron.
Durante las jornadas negociadoras de 27 y 29 de marzo, los delegados de ambas partes abordaron, con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el tema del proceso de liberación de los presos políticos.
El CICR aceptó la invitación de las partes a dar acompañamiento a ese proceso.
Desde el día de inicio del proceso negociador, el 27 de febrero, el régimen orteguista ha excarcelado a aproximadamente 200 presos políticos, a quienes pasó de prisión a régimen de casa por cárcel.
Las acciones fueron llevadas a cabo, respectivamente, el 27 de febrero, (alrededor de 100 prisioneros), el 15 de marzo, y el 5 de abril (50 excarcelados en cada caso).
Las negociaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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