George Rodríguez EP. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Vaticano aceptaron la invitación, de las partes en la negociación para resolver la crisis nicaragüense, de constituirse en garantes internacionales del proceso de liberación de presos políticos, informaron los equipos negociadores, en un comunicado conjunto.
Por lo tanto, el representante de la Secretaría General (SG) de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y el representante del Vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag, serán quienes cumplan ese cometido, indicaron, el viernes, las partes, en el texto de siete puntos contenidos en dos páginas.
Al señalar que Rosadilla y Sommertag fueron invitados “para que funjan como garantes internacionales de la implementación” del acuerdo para el proceso de liberación, los negociadores informaron, en el primer punto del comunicado, que la SG de la OEA, así como la Secretaría de Estado del Vaticano, “han aceptado oficialmente la invitación”.
Se trata de que ambos verifiquen la implementación del “Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito”, indicaron.
Asimismo, las delegaciones negociadoras, respectivamente, del gobierno encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de la multisectorial y opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), informaron que la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y America Central, reafirmó, mediante carta, la disposición a facilitar el proceso de liberación de presos políticos.
“El CICR expresó estar “atentos a recibir de las Partes las listas de personas privadas de la libertad contempladas bajo el Acuerdo”, precisaron.
También indicaron que, respecto a los opositores acusados pero que no están detenidos, se elaborará un acuerdo para el cierre de esas causas penales.
“En el caso de los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía, se hará un Acuerdo Político para el cierre definitivo de sus causas. Se aprueba invitar a los Testigos y Acompañantes Internacionales antes referidos como garantes internacionales de la implementación de dicho acuerdo político”, señalaron.
Respecto a los presos políticos a ser liberados, se firmará in protocolo que garantice su seguridad y sus derechos, agregaron.
En el contexto del acuerdo para la liberación, “las partes de la Mesa de Negociación definirán los mecanismos que permitan la liberación definitiva en cada caso y del seguimiento y verificación al cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas liberadas. Para tal fin suscribirán un protocolo de garantías de seguridad de los liberados que definirá las autoridades encargadas de su seguimiento y los organismos que les apoyarán en ese objetivo”, y, “en caso de necesidad, las partes, de común acuerdo, solicitarán el apoyo nacional e internacional que se requiera”, aseguraron.
Inicialmente programado para finalizar el 28 de marzo, el proceso de negociación bipartito se extenderá, por acuerdo de ambas partes, hasta el 3 de abril.
Las presentes deliberaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
