George Rodríguez EP. La negociación entre el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), para hallar solución a la crisis nacional, entró en un impase respecto a dos puntos clave de la agenda de diálogo, informaron, la noche de este miércoles, las respectivas delegaciones.
“La Mesa de Negociación, al concluirse hoy 3 de abril del 2019 el término previsto para su trabajo, no logró alcanzar un entendimiento que le permitiera llegar a un consenso sobre los puntos de la agenda referentes a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ni en el punto referente al Fortalecimiento de la Democracia y Reformas Electorales”, indicaron, en una breve Nota de Prensa.
Los negociadores plantaron, asimismo, la intención de retomar el debate respecto a ambos puntos de agenda, luego de un período, no especificado, de reflexión y consulta.
“La Mesa de Negociación considera necesario darse un tiempo para reflexionar y hacer consultas hasta lograr las condiciones que permitan retomar el debate sobre dichos temas”, señalaron, en el texto de cuatro párrafos.
Entretanto, las delegaciones trabajaran respecto al tema de la liberación de los presos políticos, agregaron.
En tal contexto, ambos grupos de trabajo proyectan reunirse, el jueves, con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“La Mesa de Negociación se reunirá mañana con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir el informe sobre el avance de su trabajo en las funciones que se le encargaron de conformidad con el Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad”, informaron.
Al respecto, las partes en la negociación informaron, el 20 de marzo, que el régimen de Ortega decidió la liberación de todos los presos políticos, en un plazo máximo de noventa días, e indicaron que acordaron solicitar, al CICR, acompañamiento a ese proceso de liberación.
Los negociadores informaron, 10 días después, que la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y America Central, reafirmó, mediante carta, la disposición a facilitar el proceso de liberación de presos políticos.
En la Nota de Prensa de este miércoles, las delegaciones indicaron, además, que continuará el trabajo referido a otros dos puntos calve de la agenda de negociación.
“La Mesa de Negociación continuará trabajando en la elaboración de los protocolos que sean requeridos para el cumplimiento del Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas y el protocolo de garantías de Seguridad de las Personas que sean liberadas con el acuerdo respectivo”, informaron.
Inicialmente programado para finalizar el 28 de marzo, el proceso de negociación bipartito se extendió, por acuerdo de ambas partes, por seis días –hasta este miércoles-.
Las presentes deliberaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
