George Rodríguez EP. Un hombre acusado de haber asesinado a un agente de la Policía Nacional, en una manifestación antigubernamental realizada hace más de cinco meses en Nicaragua, fue condenado este martes a noventa años de prisión.
El sentenciado, Carlos Alberto Bonilla fue enjuiciado y, el 27 de setiembre, declarado culpable del asesinato del agente Hilton Rafael Manzanares y del intento de homicidio contra otros cuatro efectivos policiales.
De acuerdo con la sentencia leída por la Jueza Fátima Rosales, en un juzgado en Managua, la capital nacional, Bonilla fue condenado a 30 años de prisión, por el homicidio, y a 60 años más por los cuatro intentos de asesinato –a razón de 15 años por caso-.
Sin embargo, el sentenciado deberá cumplir 30 años de la condena total, por tratarse del máximo que permite la legislación nicaragüense.
De acuerdo con la versión oficial, contenida en la acusación elaborada por el Ministerio Público (MP) y en la sentencia leída por la jueza, Bonilla asesinó, de un disparo en la espalda, al agente.
El incidente habría tenido lugar en las inmediaciones de la sede de la Universidad Politécnica de Nicaraguan (Upoli), en Managua, el 19 de abril, un día después de estallada la crisis que convulsiona a Nicaragua.
Según el MP, el agente policial participaba en una operación de restablecimiento del orden, en el marco de una manifestación opositora, cuando recibió un disparo en la espalda, a raíz de lo cual falleció.
De acuerdo con estimaciones de diferentes organizaciones de derechos humanos, más de 500 personas han sido objeto de detención por su participación en las masivas marchas antigubernamentales.
Los detenidos son acusados por la comisión de diversos delitos, incluido terrorismo, según esas fuentes, que, al igual que numerosos arrestados, vienen denunciado abuso por parte de efectivos policiales y penitenciarios, lo que incluye tortura y violación.
El caso de Bonilla se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que hace más de cinco meses convulsiona a Nicaragua, con saldo, hasta ahora, de por lo menos 500 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño masivo a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
