George Rodríguez EP. Rafael “Payo” Solís, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, quien renunció al cargo, por discrepar con el régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, vaticinó, este sábado, más dimisiones en los altos niveles estatales, y pronosticó el estallido de una guerra civil en el país centroamericano.
En el caso de no lograrse un proceso de reconciliación, para superar la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea a Nicaragua, ocurrirán otras renuncias de altos funcionarios, planteó Solís, en declaraciones al servicio en español de la emisora francesa Radio France Internationale (RFI).
Interrogado al respecto, el ex magistrado, ex militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación (FSLN) y ex allegado a Ortega, respondió que “sí, creo que sí, es probable que esto se dé. Es una posibilidad, que no es algo que lo haya conversado con otras personas, pero, sí, es cierto que (…) se pueda dar, si no se logra, efectivamente, un proceso de reconciliación, con justicia, con democracia, con paz, verdadero, genuino”.
En cuanto a la perspectiva de solución armada a la dramática situación nicaragüense, Solís señaló que, si bien no la vislumbra en lo inmediato, es una posibilidad que visualiza como consecuencia de la falta de opciones para resolver la crisis.
“A corto plazo, no, pero siento que, sí, es una posibilidad real”, porque “se han ido cerrando todos los caminos para una solución”, comenzó a explicar.
En ese sentido, enumeró la ausencia de una serie de libertades, sumada a la represión policial antiopositora que he generado centenares de presos políticos.
“No hay libertad de expresión, no hay libertad de hacer manifestaciones, no hay libertad de organizar partidos políticos, no hay libertades, digamos, públicas, hay una gran cantidad de presos, no hay un ambiente propicio para solucionar la situación, por la vía pacífica”, de modo que, “con el tiempo, se va a ir fortaleciendo la otra vía, la vía que nadie quiere para el país, que es la vía que tuvimos que usar hace cuarenta años, para botar a Somoza, que es la vía armada”, precisó.
El ex magistrado aludió así al derrocamiento, en Julio de 1979, de la dictadura encabezada por el general Anastasio Somoza Debayle (1967-1979), por el entonces guerrillero y ahora nuevamente gobernante FSLN.
“Pero, cuanto más se cierren las puertas, para la vía pacífica, se abren más para la vía armada, que es lo que lo que yo digo que es lo que más me preocupa: que volvamos, otra vez, a otro ciclo de guerras, en el país, que nadie lo quiere y que nadie lo desea”, advirtió.
En cuanto a su renuncia, presentada el 8 de enero y conocida públicamente dos días después, Solís dijo que obedeció, principalmente, a la ausencia de un esfuerzo de diálogo, lo mismo que al control de la institucionalidad estatal nicaragüense por el Poder Ejecutivo, además de la política de fuerte represión antiopositora.
En el texto de casi tres páginas, el ex magistrado indico, de inicio, que estaba presentado su dimisión “inmediata e irrevocable”, no solamente como magistrado de la CSJ sino también a su militancia en el FSLN.
“El motivo principal, que puse en la carta, es que es que no se está haciendo un esfuerzo serio, en el país, para volver a un diálogo nacional”, además de que “se ha anulado la división de poderes, entre todos los poderes, existe un Estado de terror, de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el Poder Judicial está sumamente limitado, y siento que no hay ninguna intención, del gobierno, de llegar a un acuerdo, de nuevo, ni siquiera empezar, otra vez, un diálogo”.
La independencia del Poder Judicial –lo mismo que de los poderes Legislativo y Electoral- fue gradualmente eliminada, debido a la creciente centralización del poder llevada a cabo por Ortega y Murillo.
“Fue un proceso largo, en que el Poder Judicial –incluidos nosotros, los magistrado de la Corte Suprema- fuimos cediendo, cediendo, cediendo poder, y, al final de cuentas, el poder de decisión, del Poder Judicial, es mínimo, en materia de todos estos juicios que se están llevando a cabo, en otra serie de materias del Orden Constitucional”, señaló.
Solís se refirió así a los juicios a que son sometidos los detenidos políticos, procesos judiciales en los que suelen tipificárseles delitos relacionaos con terrorismo, en un contexto general de control por parte de Ortega y su esposa.
“Prácticamente, todo el Poder Judicial, y el Poder Legislativo (…) el Electoral, también, están en manos del presidente y de la vicepresidente”, denunció, además de declarar que “no estoy de acuerdo” con la política del régimen Ortega-Murillo.
El ex magistrado también refutó el reiterado planteamiento gubernamental en el sentido de que la violencia que está afectando a Nicaragua no es causada por la fuerte represión policial y parapolicial antiopositora sino a un intento golpista, que el gobierno frustró.
“Sinceramente, no creo que haya existido un golpe de Estado, en Nicaragua”, aseguró Solís.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen Ortega-Murillo ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
