George Rodríguez EP. El gobierno nicaragüense y la multisectorial y opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunciaron, este miércoles, que acordaron la liberación de presos políticos, previo reinicio de la negociación bipartita interrumpida al inicio de esta semana.
Los acuerdos fueron logrados durante dos jornadas de conversaciones entre ambas partes, en presencia de representantes de la Iglesia católica y de un representante de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informaron, asimismo, en un comunicado conjunto.
Durante esas deliberaciones, gobierno y oposición acordaron que “el jueves 14 de marzo, se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación”, y coincidieron en que “existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas”, según la información oficial.
Esa excarcelación se sumaría a la ocurrida la mañana del 27 de febrero, cuando, poco antes del inicio, ese día, de la negociación, alrededor de cien presos políticos pasaron al régimen de casa por cárcel.
Las conversaciones que permitieron los acuerdos se llevaron a cabo los días 12 y 13 de marzo, en la sede de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, con participación de representantes gubernamentales y de la alianza, además del nuncio apostólico den Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la SG de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, de acuerdo con la misma fuente.
“En esas dos reuniones, los integrantes de la mesa de negociación intercambiaron intensamente diversas posiciones y la Alianza Cívica manifestó su disposición de regresar a esa mesa con un compromiso efectivo que su aspiración de la liberación de un núcleo apreciable de personas, que permanecen detenidas a raíz de los hechos acaecidos a partir de abril de 2018, sería contemplada”, informaron las partes.
El comunicado fue emitido ocho días después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) rechazó la invitación, de ambas partes, a ser testigo y acompañante de la negociación bipartita, y tres días después de que la alianza condicionó, a muestras de voluntad gubernamental, su permanencia en la negociación para buscar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace 10 meses golpea a Nicaragua.
Los obispos hicieron pública, el 8 de marzo, su posición, después de que gobierno y alianza informaron, el 5 de marzo, mediante un breve comunicado conjunto, respecto a la invitación formulada, por escrito, a dos líderes católicos y uno evangélico.
Los destinatarios de las respectivas cartas de invitación fueron el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –en calidad de testigo y acompañante internacional-, y el presidente de la CEN, cardenal Leopoldo Brenes, y el coordinador de Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación, pastor Ulises Rivera –ambos, como testigos y acompañantes nacionales-, de acuerdo con lo que las partes informaron en ese comunicado.
Las invitaciones fueron extensivas, en el caso de Sommertag, al secretario de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, Andrea Piccioni, y en los casos de Brenes y Rivera, respectivamente, a dos asesores, indicaron.
Sommertag ha asistido, cotidianamente, a las deliberaciones.
La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, en presencia de Brenes y Sommertag, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
