George Rodríguez EP. Agentes antimotines agredieron, la mañana de este sábado, frente de la sede de la Policía Nacional de Nicaragua, a varios periodistas quienes llegaron al lugar en procura información sobre el violento allanamiento y la actual ocupación, por fuerzas policiales, de las instalaciones de sus respectivos medios.
Se trata de periodistas del semanario Confidencial y los programas informativos Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien encabezó al grupo de profesionales acompañados, además, por colegas de otros medios locales.
Las instalaciones de los tres medios fueron atacadas la madrugada del viernes, al igual que las sedes de varias organizaciones no gubernamentales, por agentes de la Policía Nacional quienes, sin orden judicial, irrumpieron en esos locales, apoderándose de equipo electrónico diverso, así como documentos, y causaron destrozos.
A la llegada del grupo al sector de Plaza del Sol –donde se ubica la jefatura policial-, un oficial dialogó, en la acera, con Chamorro, quien le solicitó una reunión con el jefe policial Francisco Díaz, tras lo cual el oficial le indicó que aguardase mientras efectuaba la consulta, de acuerdo con lo registrado en videos tomados por los periodistas.
Aproximadamente 30 minutos después, el oficial se dirigió al lugar donde Chamorro y los otros periodistas aguardaban, seguido de numerosos efectivos policiales antimotines quienes, avanzando detrás de escudos protectores, hicieron que, a empujen y golpes, los profesionales –mujeres y hombres- se retirasen del lugar.
En las grabaciones se oye a un oficial, al mando del grupo, gritar, a los agentes: “Una línea! Una línea! Empujen! Saquen!”, mientras varios agentes gritaban, a los periodistas: “Va a la verga!”.
Mientras cruzaban la calle frente a la sede policial, tratando de evitar la agresión, los periodistas fueron perseguidos por el grupo de agentes.
“Este es un acto de agresión contra medios de comunicación independientes, el primer mensaje va contra los ciudadanos porque quieren provocar miedo, autocensura de la gente que está denunciando los atropellos de la dictadura. También es una amenaza para los medios independientes porque al tomarse Confidencial y Esta Semana sin ninguna una base legal, lo que están advirtiendo es que pueden atacar y cerrar cualquier medio de comunicación y es una amenaza de confiscación a empresas privadas”, declaró Chamorro, a medios locales, luego de la acción represiva.
El periodista –hijo de la ex presidenta nicaragüense (1990-1997) Violeta Chamorro-, informó que la semana próxima presentará, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de amparo, y emplazó a los magistrados a actuar ceñidos a la ley.
“Si ellos fallan en derecho, tienen que ordenar de inmediato la suspensión del acto, y que la Policía Nacional devuelva todos los bienes que se robó la madrugada del viernes, y que resuelva los daños que ha provocado. Ahora, si los magistrados fallan de acuerdo a las órdenes del gobierno, van a exhibir como cómplices de la dictadura”, señaló.
Chamorro relató, además, en la red social Twitter, lo ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Nacional.
“Antimotines agreden a periodistas. Fuimos a plaza del Sol a demandarle a la policía la orden de asalto contra la redacción de Confidencial. Salió el oficial Soza a dialogar. Entro a hacer consultas. 30 minutos después salió con una jauría de 50 antimotines que nos agredieron”, denunció.
El incidente ocurrió un día después de que las instalaciones de los tres medios dirigidos por Chamorro, así como las respectivas sedes de varias organizaciones no gubernamentales, fueron violentamente allanadas, la madrugada del viernes, por agentes policiales actuando sin orden judicial.
Las acciones represivas resultaron en la sustracción de equipo electrónico diverso, además de documentos, y en masivo daño generado en todos los locales atacados.
Los allanamientos afectaron a varias de las nueve organizaciones no gubernamentales que, desde el 29 de noviembre, han perdido personería jurídica, según resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- nicaragüense, a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob).
Los ataques policiales se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
