George Rodríguez EP. Familiares de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, detenidos en diciembre, por razones políticas, denunciaron que ambos son mantenidos en aislamiento en los respectivos centros penitenciarios donde están recluidos.
Si bien el régimen de reclusión al que están sometidos actualmente es violatorio de los derechos humanos, Pineda y Mora están en condiciones algo mejores que las padecidas por ambos en la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ), la cárcel más conocida como “El Chipote”, indicaron los familiares, citados por medios de comunicación nicaragüenses.
Pineda y Mora fueron trasladados, el 30 de enero, respectivamente, al Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres “La Esperanza” y al Sistema Penitenciario Nacional de Varones “La Modelo”.
“El Chipote” se caracteriza por las condiciones infrahumanas en las cuales se mantiene a los detenidos, lo que, además de reclusión en instalaciones insalubres, implica la aplicación de tortura, lo mismo física que psicológica –incluida violación, tanto de mujeres como de hombres-, de acuerdo con denuncias de víctimas, familiares, y organizaciones de derechos humanos.
Citados por el periódico local El Nuevo Diario, familiares de Mora indicaron que no han confirmado versiones según las cuales el periodista se hallaría aislado, en “La Modelo”, en la celda de castigo denominada “El Infiernillo”.
Pineda y Mora, respectivamente, jefa de Prensa y director del clausurado canal informativo de televisión, fueron detenidos la noche del 21 de diciembre, durante el allanamiento, llevado a cabo por agentes policiales y parapoliciales, en las instalaciones centrales del medio, en Managua, la capital nicaragüense.
También fueron arrestados entonces otros tres integrantes del personal de 100% Noticias –Verónica Chávez, esposa de Mora y directora ejecutiva de la emisora, el chofer Joseph Hernández, y el controlista de sonido Gustavo Cerna-.
Chávez fue liberada horas después, mientras que Hernández y Cerna fueron excarcelados el 5 de enero.
De acuerdo con lo denunciado por Chávez, en conferencia de prensa inmediatamente después de su liberación, los ejecutores del allanamiento actuaron sin orden judicial, y se comportaron violentamente, causando daño severo en el interior de las instalaciones, además de que sustrajeron equipo electrónico.
Además, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), suspendió la señal de la estación de televisión.
Similar agresión policial tuvo lugar, una semana antes, por la madrugada, contra otros cuatro medios de comunicación independientes –los programas periodísticos Esta Noche y Esta Tarde, el periódico Confidencial, y la revista Niú-, cuyo director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, se exilió, poco más de cinco semanas después, en Costa Rica, nación centroamericana limítrofe con Nicaragua.
También fueron allanadas, esa madrugada, las instalaciones de varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos a las cuales, pocos días antes, les fue suspendida la personería jurídica.
Tales acciones represivas se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que está actualmente centrándose en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
