George Rodríguez EP. La posición del jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, respecto a los grupos armados progubernamentales que reprimen junto con la Policía Nacional, es desafortunada, porque niega la condición de esos contingentes, aseguró, en declaraciones publicadas este miércoles, la experta nicaragüense en seguridad Elvira Cuadra.
Igualmente, porque Avilés se desmarca de la responsabilidad constitucional que tiene el ejército, en cuanto a la desarticulación de cualquier agrupación armada irregular, precisó Cuadra, quien también es psicóloga, en declaraciones reproducida por el diario opositor nicaragüense La Prensa.
“Es desafortunada su comparecencia porque plantea más interrogantes y genera mayor confusión sobre lo que se ha valorado del actuar de la institución militar en este tiempo de crisis”, expresó la experta, en alusión a la violenta crisis sociopolítica que hace más de un año afecta a Nicaragua, marco en el cual se ha desarrollado la represión antiopositora realizada por efectivos policiales y parapoliciales –o paramilitares-.
Cuadra se refirió así a las declaraciones que Avilés formuló, el 24 de julio, en conferencia de prensa con medios nicaragüenses progubernamentales, en los cuales, en un hecho sin precedente, hizo referencia a grupos paramilitares, aunque rechazando esa definición.
“Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”, porque “es un concepto como el paramilitarismo en Colombia, conocido ampliamente por todos, que surgen por estructuras económicas, por intereses económicos o políticos, que organizan fuerzas como las Fuerzas Armadas de Autodefensa de Colombia, ese término es utilizado por algunos medios, mirábamos nosotros que, al utilizar el término, paramilitar o militarización, es un enfoque equivocado de las funciones que nosotros estamos realizando”, afirmó.
Esas agrupaciones armadas actuaron inicialmente durante la violenta “Operación Limpieza” que el gobierno lanzó, desde el 11 de junio hasta el 24 de julio, para desmantelar las barricadas y los “tranques” –bloqueos de las principales carreteras del país- estructuradas, a manera de protección, por comunidades a nivel nacional.
El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, oficializó, esos grupos al constituirlos en un cuerpo policial voluntario.
En alusión al cometido constitucional del ejército, y al refutar las acusaciones opositoras de apoyo militar a los grupos armados, Avilés dijo, en la conferencia de prensa, que, en el marco de la crisis nicaragüense, la fuerza armada se limitó, esencialmente, a “brindar protección a hospitales, el Aeropuerto Internacional de Managua (la capital nacional), y la red de telecomunicaciones del país”, y aseguró que existe, contra la fuerza de seguridad que dirige, una “brutal campaña de desprestigio”.
Al respecto, Cuadra aseguró que lo expresado por Avilés resulta poco claro en cuanto al papel del ejército.
“Es desafortunada su comparecencia porque plantea más interrogantes y genera mayor confusión sobre lo que se ha valorado del actuar de la institución militar en este tiempo de crisis”, señaló, además de plantear que lo expresado por el jefe militar es “equivocado y peligroso”.
Ello, debido a que, desde la década de 1990, se ha llevado a cabo operaciones combinadas militares y policiales, puntualizó.
“Al decir que las funciones del Ejército se limitan a la protección de las fronteras y de otros elementos de la soberanía del país porque el orden interior le corresponden a la Policía generan confusión, porque desde los años 90 el Ejército y la Policía realizan planes conjuntos de seguridad en el campo, y particularmente los últimos diez años ha trabajado planes para desarticular grupos armados delincuenciales, según la misma institución ha divulgado en diferentes momentos”, indicó.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, en Nicaragua “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”.
En ese sentido, el texto constitucional delimita las funciones militares y las policiales.
“El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial”, según el artículo 92, el que agrega que, “sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviere amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”.
El artículo 97, indica que “la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial y se organiza en un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad”, además de que “tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito y lo demás que le señale la ley”.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, iniciada el 18 de abril de 2018, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
