George Rodríguez EP. Sanciones como las que nuevamente aplicó el gobierno estadounidense a funcionarios gubernamentales nicaragüenses –a las que se agregó similar medida de Canadá- seguirán ocurriendo mientras el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mantenga su posición inflexible, advirtió, en declaraciones publicadas, este sábado, el ex diplomático nicaragüense Edgar Parrales.
“Mientras el gobierno insista en su terquedad de creer que aquí nada ha pasado y de seguir reprimiendo a la población y disponiendo del erario público, pues entonces, las sanciones seguirán dándose, de manera más intensas y más extensas”, dijo Parrales, al periódico local El Nuevo Diario (END).
Las sanciones aplicadas el viernes, por el gobierno estadounidense, a cuatro allegados a Ortega, son resultado de la conducta de las personas designadas para ello, aseguró Parrales, un ex embajador de Nicaragua (1982-1989) en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en representación del gobierno revolucionario (1979-1990) del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Se trata del presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Gustavo Porras, los ministros de Salud y de Transporte e Infraestructura, respectivamente, Sonia Castro y Oscar Mojica, y el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un extenso comunicado.
Los cuatro fueron designados, por el departamento, a través de su Oficina de Control de Bienes Foráneos (Office of Foreign Assets Control, OFAC), para sanciones, en el marco de la Orden Ejecutiva (Executive Order, EO) 13851, y los dos primeros, además, según la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (#Nicaragua Human Rights and Anti-corruption Act of 2018) –más conocida como Nica Act-, de acuerdo con la información oficial.
“La señora Castro, aunque lo nieguen, dio la orden perversa de que no se atendiera a los manifestantes azul y blanco en los hospitales, y, al personal hospitalario que los atendieron, lo fueron corriendo sistemáticamente”, mientras que “el señor Porras ha estado vinculado a la represión –por ejemplo, la cancelación de las personerías a las ONG”, precisó.
Porras, un ex sacerdote diocesano enmarcado en la Teología de la Liberación, aludió así, en el primer caso, a los participantes en las masivas manifestaciones populares opositoras, quienes mayoritariamente se identifican con los colores nacionales nicaragüenses, vistiendo prendas con esas tonalidades, y portando la bicolor bandera de Nicaragua.
También hizo alusión a la negativa –al inicio de la violenta crisis sociopolítica que hace más de un año golpea al país centroamericano-, de personal de centros médicos estatales, a asistir a manifestantes opositores heridos a causa de la represión policial y parapolicial.
En el segundo caso, se refirió al retiro, en diciembre del año pasado, por parte de la Asamblea Nacional –a instancia del Ministerio de Gobernación (Migob)-, de la personería jurídica, a nueve organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, en declaraciones publicadas, también este día por END, el derechista diputado opositor Alfredo César, precisó que la sanción aplicada a Mojica –un general retirado- constituyó, adicionalmente, un mensaje implícito al sector militar nacional.
Es “un mensaje al Ejército (de Nicaragua), porque, aunque esté en retiro, es un hombre de alta calidad y calibre (militares)”, aseguró César, el púnico parlamentario por el Partido Conservador.
Al explicar las razones por la cuales Mojica fue sancionado, el departamento indicó que el militar retirado ha apoyado públicamente la política de represión antiopositora aplicada por el régimen orteguista.
“En televisión nacional, Mojica promovió la estrategia del régimen de Ortega de ‘exilio, cárcel, o muerte’ para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos, y decenas de miles ya sea encarcelados, forzados la exilio, o desplazados internamente”, señaló.
El departamento precisó, además, que Mojica es administrador de “una porción significativa de las finanzas oficiales y personales” de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, lo que incluye “inversiones en plantaciones de café y establecimientos de hospitalidad”, puntualizó, además.
A los sancionados les fue aplicada diversa legislación, tal como designaciones por parte del Departamento del Tesoro, una Orden Ejecutiva (decreto presidencial), la Ley Global Magnitsky (Global Magnitsky Act, GMA), y la Nica Act.
Las sanciones anunciadas el viernes por el Departamento del Tesoro elevaron a doce el total de personas vinculadas a Ortega y Murillo –incluidos la vicepresidenta y Laureano Ortega, hijo de ambos- quienes han sido objeto de castigo, desde diciembre de 2017, por tener responsabilidad en actos de corrupción o en acciones de represión –incluidos actos de lesa humanidad-, o por ambas causas.
Simultáneamente, el gobierno de Canadá anunció sanciones contra nueve personas vinculadas a Ortega, todas ya sancionadas por Estados Unidos –entre ellas Murillo, Laureano Ortega, y Mojica-.
En el caso de la acción canadiense, les fue aplicada la Ley Especial de Medidas Económicas (Special Economic Measures Act, SEMA), de acuerdo con lo indicado por el gobierno de ese país norteamericano, en un comunicado.
Esas sanciones implican, para los designados, la prohibición de ingresar a territorio de Canadá, la congelación de activos así como la prohibición de compartir algún interés económico con personas nacionales y con entidades financieras de ese país.
Ello, a causa de “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” registradas en Nicaragua en el marco de la represión antiopositora.
El país es, desde el 18 de abril de 2018, escenario de la violenta crisis sociopolítica que ha generado centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente, a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como cualquier otra expresión de oposición, han sido objeto de fuerte represión por parte de agentes policiales –principalmente, antidisturbios- y fuerzas parapoliciales actuando en conjunto.
SEA PARTE
Apostamos por un periodismo independiente, donde Usted como socio y socia contribuye a producir información de calidad.
Con su aporte estará apoyando un periodismo libre y transparente, que profundiza en los hechos que tienen un impacto real en las personas.
