George Rodríguez EP. La Embajada y el Consulado general de Costa Rica en Nicaragua dan puntual seguimiento a la situación de la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, detenida hace más de un mes en Nicaragua, informó, este martes, la cancillería de Costa Rica.
Pineda, jefa de Prensa del clausurado canal informativo de televisión 100% Noticias, debe asistir el miércoles a la audiencia judicial inicialmente programada para la semana pasada, de acuerdo con lo indicado por el ministerio, en un comunicado.
“Desde la detención de la señora periodista, el Consulado ha remitido varias notas para que se permita una visita de asistencia consular, y ha expresado su interés de poder asistir a la audiencia judicial reprogramada para el miércoles 30 de enero”, en virtud de que Pineda “es nicaragüense por nacimiento y también cuenta con la nacionalidad costarricense”, agregó.
La cancillería indicó, además, que las autoridades consulares costarricenses en Nicaragua carecen de información, lo mismo de Pineda que de su familia, o de autoridades nicaragüenses, sobre si la periodista aspira a ser entregada a autoridades costarricenses.
“Este consulado no tiene información o petición oficial ni de la familia de Lucia Pineda, ni de lado autoridades nicaragüenses de esa supuesta petición, que, por otra parte, depende de una decisión judicial”, informó, al respecto, el cónsul general de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, citado en el comunicado.
El ministerio indicó, igualmente, que Costa Rica persistirá en las gestiones que viene llenado a cabo, ante autoridades nicaragüenses, para resguardar la integridad física de Pineda, y asegurar que la periodista reciba el debido proceso judicial.
Pineda fue detenida la noche del 21 de diciembre, durante el allanamiento, llevado a cabo por agentes policiales y parapoliciales, en las instalaciones centrales de 100% Noticias en Managua, la capital nicaragüense.
También fueron arrestados entonces el directo del canal, el periodista Miguel Mora, lo mismo que otros tres integrantes del personal de 100% Noticias –Verónica Chávez, esposa de Mora y directora ejecutiva de la emisora, el chofer Joseph Hernández, y el controlista de sonido Gustavo Cerna-.
Chávez fue liberada horas después, mientras que Hernández y Cerna fueron excarcelados el 5 de enero.
De acuerdo con lo denunciado por Chávez, en conferencia de prensa inmediatamente después de su liberación, los ejecutores del allanamiento actuaron sin orden judicial, y se comportaron violentamente, causando daño severo en el interior de las instalaciones, además de que sustrajeron equipo electrónico.
Además, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), suspendió la señal de la estación de televisión.
Similar agresión policial tuvo lugar, una semana antes, por la madrugada, contra otros cuatro medios de comunicación independientes –los programas periodísticos Esta Noche y Esta Tarde, el periódico Confidencial, y la revista Niú-, cuyo director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, se exilió, poco más de cinco semanas después, en Costa Rica, nación centroamericana limítrofe con Nicaragua.
También fueron allanadas, esa madrugada, las instalaciones de varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos a las cuales, pocos días antes, les fue suspendida la personería jurídica.
Tales acciones represivas se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que está actualmente centrándose en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
