George Rodríguez EP. El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) está en disposición de desempeñar el papel humanitario que le asignen, los participantes en la negociación para resolver la crisis nicaragüense, en lo que tiene que ver con la acordada liberación de los presos políticos, indicó, en declaraciones publicadas este sábado, la jefa de misión de esa organización en Nicaragua, Laura Schneerberger.
Al aclarar que la entidad internacional de asistencia y rescate no forma parte de la negociación entre el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la funcionaria aseguró la voluntad del Cicr a colaborar.
“Nosotros no entramos en la mesa de negociación, no hacemos parte del diálogo, no es nuestro rol”, señaló Schneerberger, quien aclaró que “somos una organización internacional estrictamente humanitaria, neutral e independiente”, y agregó que, “por lo tanto, si la partes coindicen (en) que hay un rol para el Comité Internacional de la Cruz Roja en este proceso, que sea estrictamente humanitario, estamos dispuestos a colaborar”.
Al respecto, mencionó que la entidad podría aportar en materia administrativa lo mismo que logística.
Se trataría, por ejemplo, de “velar (por) que las personas que están previstas a recuperar la libertad, figuren en las listas acordadas por las dos partes, para que sean entregadas a sus familiares”, indicó, para explicar que “cuando se trata de liberación, a veces ayudamos, también, en la parte logística”.
Schneerberger aludió así al anuncio formulado, el 20 de marzo, por los negociadores de gobierno y de ACJD, en cuanto a la decisión del régimen orteguista de poner en libertad, en un plazo máximo de 90 días, a todos los presos políticos.
“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”, señalaron, en un comunicado conjunto de seis párrafos.
Los negociadores hicieron, así, alusión a la fecha en que estalló, hace casi un año, la crisis nicaragüense.
Las partes informaron, además, ese día, que acordaron solicitar, al Cicr que proporcione acompañamiento al proceso de puesta en libertad de los presos políticos.
“La mesa de negociación acuerda asimismo hacer una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas”, indicaron.
Respecto al plazo que el gobierno estableció para la puesta en libertad de los centenares de presos políticos, Schneerberger dijo, en las declaraciones difundidas este sábado, que se trata de un lapso de tiempo adecuado para planificar eficazmente el proceso.
“Es un lapso de tiempo suficiente para poder organizar la liberación, de buena forma, y asegurarse de que todo va a salir de la mejor manera posible”, reflexionó la funcionaria, quien aclaró que, “si las cosas se pueden solucionar antes, pues mejor para todos, empezando para las familias”.
El anuncio de la liberación masiva y de la solicitud al Cicr fue formulado al cierre del día 11 de las conversaciones bipartitas, el 20 de marzo.
La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
