George Rodríguez EP. La situación legal de los presos políticos en Nicaragua es compleja, indicó el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Alberto Cabezas, en declaraciones publicadas este domingo.
El comité está conciliando las nóminas que, de detenidos políticos, le han presentado las partes que desarrollan la negociación en procura de dar solución a la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace casi un año, al país centroamericano –el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)-, indicó Cabezas, al diario local La Prensa.
A causa de la confidencialidad acordada, no es posible dar a conocer las cifras de presos políticos contenidas en las lista, planteó el vocero del CICR, entidad internacional que acompaña el proceso conducente a la liberación de los centenares de detenidos por razones políticas.
Al respecto, Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, cuestionó, por su parte, el hecho de que el trámite para cotejar las listas de detenidos a ser liberados, se desarrolla con lentitud.
“Como una problemática legal ‘compleja’ califica Alberto Cabezas (…) la situación de los reos políticos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua”, informó el periódico cuya edición impresa circula, por la mañana, a nivel nacional.
Sin mencionar cifras, el vocero del CICR indicó que la complejidad deriva de la diversidad de situaciones jurídicas, ya que algunos detenidos fueron enjuiciados y condenados, mientras a otros no se les ha tipificado delito alguno.
“Cabezas explicó en términos generales, sin confirmar ninguna estadística, que estas listas contienen a los presos políticos sin acusación, a los que enfrentan un proceso legal e incluso a quienes fueron condenados. Esta es la situación que vuelve compleja, desde el punto de vista legal, la liberación de estos ciudadanos”, informó La Prensa.
Además, las respectivas listas presentan lo mismo coincidencias que discrepancias en cuanto a los nombres incluidos, precisó el funcionario.
“El 4 de abril se reunió la comisión tripartita —Alianza Cívica, Gobierno y CICR— en la que Cruz Roja Internacional entregó a las partes una compilación de las listas que recibieron y en las que encontraron ‘una serie de nombres coincidentes y algunos nombres discrepantes’, según el vocero”, quien agregó que “los primeros están en una posición en la que deberían estar más cerca de salir y para los segundos la CICR está recomendando mecanismos que ayuden a solucionar la discrepancia”, señaló el diario.
Por su parte, Esquivel, también citado por La Prensa, planteó la necesidad de acelerar el trámite que desarrolla el CICR.
“Cada día que pasa es duro para los familiares de los reclusos”, indicó el dirigente dela organización nicaragüense, quien “subrayó que se necesita un sentido de urgencia y hasta hoy lo que han visualizado es un proceso lento”, indicó el medio de comunicación.
En la medida en que se encuentre coincidencias, entre ambas nóminas, lo más lógico es poner a esas personas en libertad, dijo Esquivel.
“’Si hay coincidencias (en la lista de la Alianza y la del Gobierno) lo que hay que hacer con esas personas es empezar a sacarlas. Es lo que indica el sentido común’, dijo. Según él, el estado de salud deplorable de los detenidos es lo más preocupante”, informó el periódico.
Las detenciones afectan, marcadamente, a los familiares inmediatos delas víctimas, señaló el vocero.
“La persona que está presa tiene a su familia presa también. Todos estamos con ellos. No hay momento, no hay lugar en el que no estemos pensando en esa persona, en cómo está, cómo se siente. Si ya comió. Que si le pasaron paquetería, porque ni eso sabemos”, reflexionó Esquivel.
Las declaraciones de Cabezas y de Esquivel fueron publicadas dos días después de que el régimen orteguista pasó, a otros cincuenta presos políticos, al régimen de casa por cárcel.
Al respecto, el vocero del CICR explicó, a La Prensa, que se trata de “una decisión ajena a nosotros, no nos compete, no es parte de lo que hemos estado trabajando”, y agregó que “estamos comprometidos con el proceso al que nos invitaron las partes”.
En este caso, los beneficiados con la medida fueron 47 hombres y tres mujeres, de acuerdo con la lista contenida en una escueta Nota de Prensa difundida, el 5 de abril, por la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Se trató de la tercera medida de este tipo implementada por el Mingob, desde febrero, y, al igual que en los dos casos anteriores, en la nómina no figura ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, incluidos los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
La medida se sumó a similares acciones, llevadas a cabo el 27 de febrero y el 15 de marzo –también en esos casos, en día viernes-, que beneficiaron, respectivamente, a alrededor de un centenar y a medio centenar de presos políticos.
Los tres cambios de régimen de detención tienen como marco la negociación que el gobierno y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) iniciaron el 27 de febrero, horas después de la primera excarcelación.
La negociación entró, el 3 de abril, en un impase respecto a dos puntos clave de la agenda de diálogo, informaron entonces las respectivas delegaciones.
“La Mesa de Negociación, al concluirse hoy 3 de abril del 2019 el término previsto para su trabajo, no logró alcanzar un entendimiento que le permitiera llegar a un consenso sobre los puntos de la agenda referentes a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ni en el punto referente al Fortalecimiento de la Democracia y Reformas Electorales”, indicaron, en una breve Nota de Prensa.
Los negociadores plantaron, asimismo, la intención de retomar el debate respecto a ambos puntos de agenda, luego de un período, no especificado, de reflexión y consulta, e indicaron que, entretanto, las delegaciones trabajarán respecto al tema de la liberación de los presos políticos, agregaron.
La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
