George Rodríguez EP. El diálogo que se desarrolla en Nicaragua, entre gobierno y oposición, debe ser inclusivo, planteó, este miércoles, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
El proceso de negociación esa necesario superar la violenta crisis sociopolítica que hace más de 10 meses golpea a ese país centroamericano, indicó Bachelet, al participar en la 40 Sesión del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en la ciudad suiza de Ginebra, y presentar el Informe Anual de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
“El gobierno debe garantizar que el diálogo es respetuoso, seguro, e inclusivo para todos los actores políticos y lolos grupos de la sociedad civil”, indicó la comisionada, en alusión a la negociación iniciada, hace una semana, entre el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la multisectorial y opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Las conversaciones deben resultar, entre otros aspectos, en la protección de los derechos humanos, y en la garantía de que las denunciadas violaciones a las garantías fundamentales no volverán a ocurrir, expresó.
“Espero que ello conduzca a pasos concretos para proteger mejor todos los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión y el derecho de las víctimas a conocer la verdad y recibir justicia, compensación, garantías de que ciertos hechos no se repetirán”, subrayó.
La funcionaria internacional subrayó que la situación nicaragüense es dramática, y que implica persecución antiopositora por parte del régimen orteguista.
Nicaragua es escenario de una “muy grave crisis social y política”, en cuyo marco se evidencia “persecución a voces disidentes, y campañas contra la libertad de prensa”, denunció.
Bachelet formuló las declaraciones un día después de que las representaciones gubernamental y opositora en la negociación aprobaron la Hoja de Ruta de las conversaciones, documento que, en 16 puntos, determina los aspectos técnicos del diálogo bipartito.
Entre otros puntos, se estableció, en la Hoja de Ruta, que “las reuniones se realizarán diariamente, de lunes a viernes, desde las 10:00 AM a las 4:00 PM con la posibilidad de extenderse”, que “el proceso de negociación finalizará tentativamente el 28 de marzo del 2019, o la fecha que se acuerde en consenso por los delegados titulares”, y que “el principal resultado de la negociación tomará la forma de acuerdos consensuados, que serán firmados por las partes”.
En el documento se incluyó, asimismo, una cláusula que limita, marcadamente, la capacidad de los negociadores en cuanto a dar declaraciones a los medios.
En el punto referido a “Política de comunicación de los participantes”, quedó acordado que “los participantes de la negociación solo podrán dar declaraciones y divulgaciones sobre los temas ya aprobados”, así como que “durante las sesiones se permitirá el uso de celulares, pero no estarán permitidas las fotos, videos, grabaciones de voz ni publicaciones en ningún medio”.
El instrumento fue aprobado en la quinta jornada de conversaciones entre el gobierno y la alianza, conversaciones que se desarrollan en un contexto de secretismo, y con excesivamente escasa información sobre el diálogo bipartito.
La negociación inicio el 27 de febrero, en presencia del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, y del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislav Sommertag, ocho meses después de suspendido el diálogo para buscar solución a la crisis que afecta a Nicaragua.
Esas conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre la parte gubernamental –representada por una delegación encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada- y la parte opositora –representada por la ACJD-.
En tal contexto, la participación de los obispos, en el diálogo, fue objeto de fuertes acusaciones por parte del gobierno.
Ortega, quien sostiene que la actual crisis nacional se originó en un intento de golpe de Estado, afirmó, en un acto público realizado el 19 de julio en Managua, que el episcopado participó en esa conspiración.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.