George Rodríguez EP. Es necesario lograr, de inmediato, el cumplimiento de los acuerdos logrados en el marco de la negociación que apunta a superar la violenta crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, planteó, la mañana de este viernes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Entre otros temas, es prioritario que se concrete la liberación de los centenares de presos políticos, agregó el funcionario, durante la sesión desarrollada por el Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema “Situación/estado de la democracia en Nicaragua”.
Al referirse a los temas acordados –los que incluyen la liberación de los presos políticos, además del fortalecimiento de los derechos y las garantías de la población-, Almagro, un ex canciller uruguayo, valoró esos logros, y subrayó la necesidad de su cumplimiento.
“Así como valoramos el compromiso alcanzado en estos puntos, nos vemos obligados a decir que necesitamos ver la totalidad de estos acuerdos plasmados en hechos concretos, y de forma inminente”, dijo Almagro, al intervenir en la primera de dos sesiones convocadas para hoy, por el Consejo Permanente, para abordar la crisis nicaragüense.
Además de la puesta en libertad de los detenidos y enjuiciados por razones políticas, el secretario general destacó la necesidad de quienes, por persecución antiopositora, han optado por exiliarse.
“Resulta primordial la liberación irrestricta de todas estas personas (presos políticos), así como la habilitación para el regreso seguro de quienes debieron salir de su país”, subrayó.
De acuerdo con estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aproximadamente 66,000 personas han abandonado Nicaragua, desde el estallido de la crisis, hace algo más de un año, en el país centroamericano, unos 50,000 de los cuales se han dirigido a la limítrofe Costa Rica.
Al referirse al complejo proceso negociador entre el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el dirigente opositor José Pallais, invitado a participar en el debate, también planteó la necesidad de que el gobierno cumpla lo acordado.
“La Alianza Cívica reitera sui confianza en el diálogo ´para resolver la crisis política, pero debe darse cumplimiento a los acuerdos”, expresó Pallais, uno de los seis negociadores titulares de la ACJD.
Pallais explicó que el estancamiento en que se encuentran las conversaciones bipartitas –las que son acompañadas por el Vaticano y la OEA- obedece, preciosamente, al incumplimiento oficialista.
“Nos encontramos en un impase, un diálogo estancado, por incumplimiento de los acuerdos, situación que esperamos se supere gracias a la gestión del enviado de la OEA”, expresó.
Pallais aludió así a uno de los dos testigos y acompañantes internacionales de la negociación.
Se trata Luis Ángel Rosadilla -representante de la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, quien se desempeña conjuntamente con el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –representante del Vaticano-.
La alianza ha señalado el incumplimiento gubernamental, al señalar, por una parte, que, si bien se comprometió a la liberación de los centenares de presos políticos, el gobierno ha excarcelado a aproximadamente doscientos, a quienes pasó al Régimen de Convivencia Familiar (casa por cárcel).
La ACJD también ha planteado que, no obstante lo acordado en materia de fortalecimiento de derechos y garantías, el régimen continúa deteniendo opositores y prohibiendo la realización de manifestaciones pacíficas antigubernamentales.
En ese sentido, el embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, refutó lo afirmado por Pallais, y dedicó la mayor parte de su intervención a presentar una cronología de lo acordado, en el marco de la negociación, y de lo que está pendiente de abordaje.
Alvarado presento, asimismo, una relación de las 30 sesiones en que hasta ahora se han desarrollado las conversaciones, y señaló que, mientras la delegación gubernamental -encabezada por el canciller nicaragüense, militar retirado Denis Moncada- se ha hecho presente en todas, tal no ha sido el caso de su contraparte de la ACJD, la que, según afirmó “no se ha hecho presente, sin justificación, en 10 sesiones”.
No obstante lo denunciado por Pallais, el embajador nicaragüense garantizó la disposición del régimen orteguista de implementar los acuerdos y avanzar en la negociación.
La delegación gubernamental en la OEA “reitera, una vez, más el compromiso invariable, del Estado y gobierno de Nicaragua, de seguir realizando sus mejores esfuerzos para lograr el entendimiento, la paz y la armonía de la familia nicaragüense, razón por la cual continuamos con la mejor disposición de seguir avanzando en la implementación de lo Acordado y en la búsqueda de nuevos Consensos”, aseguró Alvarado, a quien acompañó el asesor presidencial para Políticas Internacionales y del Caribe, Valdrack Jaentschke.
La sesión fue convocada a iniciativa de Argentina y Estados Unidos –el segundo, actualmente en ejercicio de la rotativa presidencia del consejo-.
La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril de2018, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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