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George Rodríguez EP. La opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) entregó, este jueves, al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, una lista que contiene los nombres de los más de seiscientos presos políticos a ser liberados, informaron dos integrantes de la agrupación.

La nómina fue proporcionada por la representación de la ACJD a su contraparte gubernamental, durante la novena jornada de la negociación que ambas partes llevan a cabo con miras a dar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace casi once meses golpea a Nicaragua, indicaron los dirigentes opositores, a periodistas.

Sin embargo, los delegados gubernamentales no aportaron la lista oficial de presos políticos, señalaron.

“Nosotros entregamos la lista que nosotros tenemos, con la información que nos han suministrado los familiares y los vecinos”, dijo el abogado José Pallais, jurista del grupo negociador de la alianza, y agregó que “la lista nuestra es de 677 prisioneros, a los cuales tenemos registrados, contabilizados, hasta la tarde de ayer, miércoles, excluyendo a los que ya fueron liberados”.

Pallais aludió, en el segundo caso, al centenar de presos políticos a quienes, la mañana del 27 de febrero, poco antes de iniciado el presente procedo negociador, se pasó al régimen de casa por cárcel.

“El gobierno no ha informado su cifra de presos políticos”, lo cual “es uno de los temas importantes, para consolidar esa lista” de reclusos a poner en libertad, indicó el abogado, quien precisó que “parte del trabajo de la mesa de negociación es lograr un listado común, consolidado, y sobre el que se debe diseñar un mecanismo para la liberación de estos prisioneros, para que la paz regrese a esas familias”.

El número de prisioneros a ser excarcelados depende de lo que decida el régimen orteguista, aunque el planteamiento de la alianza consiste en la liberación de todos los presos políticos, señaló.

“La cantidad que salgan mañana (el viernes) es una decisión unilateral del gobierno”, aclaró Pallais, quien advirtió que “mañana estaremos evaluando esto”, y agregó que “el objetivo es que salgan todas y todos los prisioneros políticos”.

Las cifras que el gobierno ha manejado, en esa materia, son marcadamente inferiores a las que manejan la alianza y organismos internacionales, ya que los números oficiales no llegan siquiera a doscientos.

Por su parte, y coincidentemente, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana, expresó que la puesta en libertad de esos prisioneros será una acción unilateral del régimen orteguista.

“Entendemos que mañana (viernes) habría una primera liberación de los presos”, lo que constituye “un gesto unilateral del gobierno, pero nosotros estamos por la liberación de todos”, señaló Arana, quien indicó que “hay diferencias en las listas”, en alusión a los números que cada parte maneja, y que, no obstante ello, “esperamos que sea un número apreciable”.

La inminente liberación de presos políticos fue acordada, a mediados de esta semana, durante un encuentro de dos jornadas entre los representantes de ambas partes, en presencia del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.

Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.

Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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