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George Rodríguez EP. La excarcelación de medio centenar de presos políticos por parte del gobierno nicaragüense resulta insatisfactoria, declaró, la tarde de este viernes, el abogado José Pallais, dirigente de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Pallais, quien integra la representación de la ACJD en la negociación entre la alianza y el gobierno, en procura de solución a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense, aludió así, luego de la décima sesión de las conversaciones bilaterales, a la excarcelación, horas antes, de cincuenta presos políticos a quienes se pasó al régimen de casa por cárcel.

“El número de cincuenta, a nuestro juicio, no es suficiente, no llenan las expectativas que nosotros nos habíamos planteado, para que fuera una cantidad apreciable”, dijo, a periodistas, el negociador opositor.

Pallais hizo así referencia al hecho de que, el jueves –cuando se cumplió la novena sesión de las conversaciones-, la representación de la ACJD entregó, a su contraparte gubernamental, una lista con los nombres de 677 presos políticos a ser liberados.

Por lo tanto, la medida implementada este viernes, “no nos satisface en lo absoluto”, reafirmó el dirigente opositor, quien informó, además, que el tema insumió la décima jornada de la compleja negociación.

A raíz de ello, el diálogo está, al parecer en un nuevo impase, luego de la interrupción de seis días cuando, tras la decisión, el 8 de marzo, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), de rechazar la invitación, formulada por el gobierno y la alianza, a participar como testigo y acompañante de la negociación, la ACJD indicó, un día después, que reflexionaría sobre permanencia en las conversaciones.

En un comunicado posterior, emitido el 11 de marzo, la alianza condicionó, esa permanencia, a “muestras contundentes” gubernamentales de voluntad política.

“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la Mesa de Negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz”, indicó la agrupación opositora, en un comunicado.

La agrupación opositora mencionó, entonces, como la primera, la liberación de presos políticos.

“Entre estas muestras están: libertad de presos políticos, cese de la represión y los secuestros”, así como “plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a reclusos”, además de “cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos”, precisó.

En un comunicado conjunto que emitieron dos días después, gobierno y alianza anunciaron el reinicio de la negociación, y el acuerdo para la excarcelación de un número considerable –no determinado entonces- de presos políticos.

Las partes informaron, el 13 de marzo, que, al día siguiente, “se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación”, y, además, que coincidieron en que “existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas”, según la información oficial.

La excarcelación de los cincuenta presos políticos ocurrida este viernes, se sumó a igual medida implementada la mañana del 27 de febrero –horas antes de instalarse la negociación- con un centenar de reclusos opositores.

Los cincuenta beneficiados ahora son 42 hombres y ocho mujeres, de acuerdo con la lista contenida en una Nota de Prensa difundida por la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Gobernación.

Entre los detenidos no figura ninguno de aquellos cuyos respectivos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, incluidos varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.

La negociación gobierno-ACJD inició el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.

Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.

Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre las partes.

Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.

Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

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