George Rodríguez EP. La aprobación, en un comité parlamentario de Estados Unidos, de un proyecto de ley que apunta a que organismos crediticios internacionales no aprueben préstamos a Nicaragua, constituyó un acto intervencionista estadounidense, denunció este lunes, el canciller nicaragüense, Denis Moncada.
Se trata de un esfuerzo estadounidense por obstruir el desarrollo socioeconómico de las Naciones Unidas.
“Hoy enfrentamos una vez más la amenaza de los Estados Unidos para frenar el desarrollo social, económico y cultural de nuestro pueblo. Denunciamos su intervencionismo e injerencismo amenazando con un proyecto de Ley en el Congreso mediante el cual se ordena a los Organismos financieros internacionales oponerse al otorgamiento de préstamos a Nicaragua”, indicó.
El ministro aludió así al proyecto de ley aprobado el 26 de setiembre por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, consistente en la combinación de componentes de dos iniciativas.
Se trata de la fusión de los proyectos S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)- y S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), más conocida como NICA ACT.
Moncada adjudicó al intervencionismo, la violenta crisis sociopolítica que hace más de cinco meses convulsiona a Nicaragua, situación a la que el gobierno de ese país centroamericano se refiere como un intento golpista.
“Nicaragua ha resistido los intentos de un Golpe de Estado, nuestro País ha ganado nuevamente la paz, la convivencia fraterna y el retorno progresivo de la normalidad cotidiana”, dijo el canciller, y agregó que “el intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas, daños económicos, muerte, destrucción, terrorismo”.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y, retirado, días después, del decreto, la masiva protesta popular se enfocó en la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión, que ha cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-, y ha dañado economía nacional, incluidos el cierre de un elevado número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
