George Rodríguez EP. El Mercado Común del Sur (Mercosur) condenó este martes la persistente represión gubernamental que se registra en Nicaragua, y exhortó a recurrir al diálogo como mecanismo para superar la dramática situación que registra, hace ocho meses, ese país centroamericano.
Los cuatro estados partes del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay- y cuatro de los siete estados asociados al bloque regional sudamericano –Chile, Colombia, Ecuador, Perú- expresaron, asimismo, en un comunicado, preocupación por el contexto general de violencia que golpea, desde abril, a Nicaragua, con saldo de centenares de víctimas fatales.
Además de que “manifestaron su preocupación por el agravamiento de la situación en Nicaragua que viene deteriorándose hace ya ocho meses”, los ocho países indicaron que, “en particular reiteran enfáticamente su condena a los hechos de violencia que han provocado la pérdida de numerosas vidas”.
Igualmente, expresaron rechazo a la represión gubernamental contra cualquier forma de oposición, lo mismo multitudinarias manifestaciones callejeras en ciudades a nivel nacional que expresiones sectoriales o individuales en ese sentido.
Los ocho países “rechazan la represión generalizada y sistemática contra ciudadanos y extranjeros, especialmente las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias perpetradas contra la población civil, incluidos los defensores de derechos humanos”, de acuerdo con lo indicado en el texto de tres párrafos emitido en el marco de la 53 Cumbre del Mercosur, llevada a cabo lunes y martes en Montevideo, la capital de Uruguay.
El necesario que el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cese el hostigamiento a las organizaciones defensoras de los derechos humanos –tanto las locales como las internacionales representadas en el país-, señalaron.
En ese sentido, declararon que “hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua para que permita trabajar libremente a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo la investigación de todos los hechos de violencia ocurridos desde el inicio de las manifestaciones populares el 18 de abril pasado”.
Por otra parte, la administración de Ortega debe eliminar los grupos armados progubernamentales que, operando conjuntamente con la Policía Nacional –principalmente, la fuerza antidisturbios-, participan en las acciones de represión, plantearon.
Al respecto, indicaron que, “asimismo, instan al Gobierno de Nicaragua a desarticular las organizaciones paramilitares, restableciendo plenamente las garantías civiles y políticas en el país y asegurando la libertad de expresión del pueblo nicaragüense y su derecho a manifestarse libremente”.
La solución a la crisis nicaragüense pasa por la reactivación del Diálogo Nacional, actualmente interrumpido, precisaron.
Por ello, expresaron que “exhortan al Gobierno de Nicaragua a retomar sin dilaciones el camino del diálogo para encontrar una solución pacífica y negociada, que devuelva al pueblo nicaragüense el pleno goce de sus derechos civiles y de sus libertades fundamentales”.
El Mercosur formuló el llamado meses después de suspendido el Diálogo Nacional convocado por el gobierno con miras a lograr solución negociada a la crisis nicaragüense, conversaciones en las cuales cinco de los 10 obispos participaron en calidad de Comisión de Mediación y Testigo.
Las conversaciones fueron instaladas a mediados de mayo, pero las irreconciliables posiciones de ambas partes –gobierno y oposición- determinaron, semanas después –y luego de varias interrupciones-, quedaron suspendidas, situación que persiste.
La participación de los obispos, en el diálogo, ha sido objeto de fuertes acusaciones por parte del régimen de Ortega.
El mandatario, quien sostiene que la actual crisis nacional obedece a la acción de sectores golpistas que procuran derrocarlo, afirmó, en un acto público realizado el 19 de julio en Managua, la capital nicaragüense, que el episcopado participó en esa conspiración.
El texto del bloque regional sudamericano fue emitido al cumplirse ocho meses de la violenta crisis sociopolítica que severamente golpea al país centroamericano.
El comunicado hizo, asimismo, referencia a la ofensiva lanzada, desde el final del mes pasado, contra organizaciones no gubernamentales, principalmente, defensoras de los derechos humanos, y contra medios de comunicación no alienados con el gobierno.
La primera de las nueve agrupaciones afectadas hasta ahora fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) –el 29 de noviembre-, dirigido por la feminista costarricense-nicaragüense Ana Quirós, -detenida, su nacionalidad nicaragüense retirada, expulsada a Costa Rica, tres días antes-.
Le siguieron el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige Félix Maradiaga –el 11 de diciembre-, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), encabezada por Vilma Núñez, y la organización Hagamos Democracia, dirigida por Luciano García -12 de diciembre, ambas organizaciones-.
La sanción fue luego aplicada, el 13 de diciembre, al Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), que preside Mauricio Zúniga, la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigida por Haydé Castillo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río), dirigida por Amaro Ruiz, y la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal, dirigida por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano.
Los retiros de personería jurídica se han concretado a solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), y afectaron, en el lapso de tan sólo dos días, a ocho de las nueve organizaciones.
Sumado ello, varias de esas entidades sufrieron, la madrugada del 14 de diciembre, el allanamiento de sus sedes, acción policial llevada a cabo sin orden judicial.
La medida también afectó a tres medios de comunicación -los programas periodísticos Esta Noche, y Esta Semana, y el semanario Confidencial- dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
En todos los casos, los efectivos de la Policía Nacional irrumpieron violentamente en los locales, causaron destrucción en las instalaciones, se apoderaron de equipo electrónico y documentación, y agredieron a quienes se hallaban en los lugares.
La dramática situación nicaragüense, que estalló el 18 de abril, ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
