George Rodríguez EP. El supuesto ataque de una banda delictiva a agentes de la Policía Nacional de Nicaragua, en el sur de ese país, fue, en realidad, un autoataque, denunció el mayor retirado nicaragüense Roberto Samcam.
Se trata de un esquema montado por el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para perjudicar a Costa Rica, dada la beligerancia costarricense en la reiterada condena de violaciones a los derechos humanos registradas en el marco de la violenta crisis sociopolítica que afecta hace más de nueve meses a Nicaragua, indicó Samcam, a El Periodicocr.
La intención de Ortega consiste en estructurar una denuncia, a ser planteada a nivel internacional –probablemente en la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, en el sentido de que, grupos delictivos asentados en territorio costarricense próximo a la frontera binacional terrestre de 309 kilómetros, incursionan en territorio nicaragüense, para cometer delitos, advirtió el militar retirado.
Samcam se refirió, específicamente, a unos de los supuestos ataques, que tuvo lugar en un sector del sureño departamento (provincia) nicaragüense de Río San Juan –que limita con Costa Rica-.
De acuerdo con un comunicado policial, además de tres notas de protesta –en menos de una semana- de la cancillería nicaragüense a su contraparte costarricense, la “Banda El Jobo” cometió, el 17 de enero, la agresión en la cual murieron cuatro agentes policiales.
“En estas circunstancias, en esta situación, hemos visto que ha habido tres notas, del gobierno de Nicaragua, acusando, al gobierno de Costa Rica, de que los ataques de estos grupos, llamados delincuenciales, provienen de territorio costarricense”, pero “la información que tenemos nosotros, es que el ataque (…) en la zona de Río San Juan, fue un autoataque”, aseguró Samcam.
De acuerdo con lo planteado por el militar retirado, uno de los agentes abatidos había difundido, en redes sociales, una carta en la cual se indicó que los cuatro tenían previsto desertar de la fuerza policial, y exiliarse en Costa Rica.
“Parece que alguien sopló (denunció), y lo que se maneja es que hubo una acción de la inteligencia del ejército, y (…) hay confusión: el gobierno dice que son cuatro, se maneja que son siete policías” fallecidos.
De acuerdo con la línea de análisis de Samcam, la insistente denuncia –enfáticamente refutada lo mismo por la cancillería que por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) costarricenses-, indica que la intención de Ortega consiste en generar un conflicto entre ambos países –situación inexistente-, para denunciar, a nivel internacional, que Nicaragua es agredida desde Costa Rica, nación centroamericana que, hace siete décadas, abolió su ejército –por lo que sus únicas fuerzas de seguridad son las policiales-.
La versión oficial nicaragüense sobre la presunta operación delictiva, indica “que Ortega ya va encaminado a crear, artificialmente, un conflicto con Costa Rica, porque él ha visto la beligerancia costarricense en la OEA, y en los foros internacionales”, comenzó a explicar.
Para ello, el régimen orteguista estaría reuniendo material de apoyo a su denuncia, lo que puede incluir fotografías así como los documentos de identidad emitidos, por Costa Rica, a quienes solicitan refugio, agregó, en referencia a información fehaciente, en su poder, originada en Nicaragua.
En ese país, “la policía, está visitando a los familiares de exiliados o de refugiados aquí, en Costa Rica, y les prometen que pueden regresar, que no hay ningún problema, que no van a ser apresados, pero, sí, que tienen que hacer algunos compromisos -entre comillas-, de no volver a levantar tranques, de no participar en acciones en contra del gobierno”, señaló.
Los “tranques” son barricadas que, en los meses iniciales de la crisis, pobladores de diversas comunidades, improvisaron, en puntos de las principales carreteras, a nivel nacional, en un esfuerzo por detener la fuerte represión por agentes policiales y civiles progubernamentales.
“La situación del exilio aquí, en Costa Rica, es bastante complicada, y hay muchos jóvenes que están desesperados, porque tienen problemas de vivienda, tienen problemas de comida, tienen problemas de atención médica, de trabajo, etcétera, y están oyendo esos cantos de sirena”, relató Samcam, un ex combatiente de la guerrilla del ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, posteriormente, del Ejército Popular Sandinista (EPS), que fue la fuerza armada del gobierno revolucionario nicaragüense (1979-1990).
En tal contexto, y no obstante haber iniciado la tramitación de solicitud de refugio –por lo que les fue emitida la identificación como aspirantes a ese estatus migratorio-, numerosos nicaragüenses –incluido un alto porcentaje de jóvenes- optan por regresar a su país de origen, y lo hacen portando ese documento de identidad, siguió narrando Samcam quien, exiliado en Costa Rica, a causa de amenazas en Nicaragua, gestiona el refugio.
“Cuando llegan allá, las promesas que hacen los oficiales de la policía, son falsas, los meten presos, los golpean, los torturan (…) o los acusan de terroristas, y les quitan el carnet”, de modo que esos documentos de identidad “son las pruebas que, en algún momento, puede llegar a presentar, Ortega, como su argumentación de que están saliendo, los ataques –entre comillas- armados, desde Costa Rica”, advirtió.
La incautación de los carnets, conjuntamente con la insistencia del régimen respecto a que grupos delictivos armados operan, en territorio de Nicaragua, desde territorio costarricense, plantea el indicio de que el régimen nicaragüense proyecta formular una denuncia, a nivel internacional, contra Costa Rica, aseguró.
“Si él (Ortega) lleva esta acusación a la OEA, y presenta pruebas –por decirlo de alguna forma- (…) puede argumentar que, sí, salieron de Costa Rica, estos ataques”, subrayó.
Ello apuntaría a tratar de golpear la autoridad moral de Costa Rica, en la sostenida denuncia de violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la dramática situación nicaragüense, precisó el militar retirado.
“El beneficio del régimen es que Costa Rica ‘baje el gas’, como decimos nosotros, disminuya su beligerancia, sus señalamientos, su respaldo al exilio nicaragüense, su respaldo a la lucha del pueblo nicaragüense, su condena, su acusación al régimen por los crímenes de lesa humanidad, por toda la barbarie”, señaló.
En cuanto a la denuncia de crímenes de lesa humanidad, Samcam aludió al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado, por la comisión, en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA llevada a cabo el 27 de diciembre.
En el documento que tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, el Giei incluyó la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis.
“Costa Rica, ha respaldado, fehacientemente, el informe del Giei (…) y eso, digamos, es una piedra en el zapato para las intenciones de Ortega”, señaló el mayor retirado.
La reiterada denuncia de Nicaragua sobre las bandas delictivas supuestamente asentadas en Costa Rica, ocurre mientras persiste la violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia Costa Rica -donde decenas de miles de personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que, más recientemente, se ha centrado en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
