George Rodríguez EP. La manifestación opositora programada para la tarde de este sábado en la capital de Nicaragua tiene el objetivo de refutar la reiterada afirmación gubernamental de que la convulsa situación nacional está dando lugar a la normalización, aseguraron organizadores de la actividad.
“A marchar este sábado, porque aquí nada está normal”, indica la convocatoria difundida, en redes sociales, por agrupaciones de la sociedad civil.
No puede considerarse como situación normal el hecho de que fuerzas paramilitares operen ilegalmente en acciones de represión antiopositora selectiva, aseguró, en declaraciones a periodistas, el dirigente estudiantil Edwin Carcache.
“Nada está normal”, ya que “hay paramilitares del gobierno que están secuestrando y matando, porque es delito ser joven y ser estudiante”, aseguró Carcache, quien agregó que “no es normal que te arresten por tener la bandera de nuestro país”.
El dirigente estudiantil aludió así al hecho de que, en actitud de abandonar filiaciones partidistas en aras de la unidad nacional antigubernamental, la mayoría de los participantes en las masivas manifestaciones opositoras portan banderas de Nicaragua.
La marcha convocada para la tarde de este sábado, está programada para inicial a las 1400 hora nicaragüense.
Entretanto, la tensión persiste entre el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), situación agudizada específicamente en torno al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante acuerdo entre ambas partes.
Los cuatro integrantes del GIEI denunciaron el 16 de agosto en Managua, la capital nicaragüense, que no han recibido, de parte del gobierno, la información necesaria para cumplir su mandato de ayudar en la investigación de hechos de violencia enmarcados en la crisis sociopolítica que hace cuatro meses golpea al país.
Se trata del contenido de los expedientes del Ministerio Público (MP) y datos de otras fuentes estatales respecto a incidentes violentos, insumos esenciales para el desempeño de su labor, dijeron, en conferencia de prensa.
En opinión de activistas locales e internacionales de derechos humanos, el gobierno procura, de esa manera, mantener en impunidad los crímenes cometidos en el marco de la represión antiopositora.
“Hasta el día de hoy, no hemos tenido acceso a esa información, que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que se nos asignaron”, dijo, en la conferencia de prensa, Claudia Paz y Paz, quien, junto con Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, y Pablo Parenti, integra el equipo de expertos.
Al no contar con esa información, el grupo se ve impedido de cumplir plenamente su mandato, advirtió.
Los integrantes del GIEI señalaron que desde que se instalaron, el 3 de julio, en Nicaragua, vienen solicitando los insumos para cumplir su labor.
“Esta información no solo es necesaria sino imprescindible para poder cumplir con la función de coadyuvancia a las autoridades nacionales”, planteó el GIEI, en un comunicado que difundió durante la conferencia de prensa.
En opinión de activistas nicaragüenses e internacionales de derechosa humanos, se trata de un esfuerzo gubernamental por mantener la impunidad en materia de violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la dramática situación nacional.
El grupo fue creado mediante acuerdo entre la OEA y el gobierno de Ortega, documento suscrito el 30 de mayo, en la sede de la organización continental, en Washington.
Según lo indicado en el texto, el GIEI tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El GIEI tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
La designación de los cuatro integrantes del grupo correspondió al secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, además el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un decreto que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis sociopolítica nicaragüense había cobrado, al final de julio, casi 450 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, fruto principalmente de la represión policial y parapolicial antiopositora.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido mediante la represión de la protesta popular.
