Allan Madriz | EP. El El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) busca revivir el decreto que daría al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) el control sobre comercio internacional de especies amenazadas de interés pesquero (como el tiburón martillo y el tiburón sedoso).
Así lo denunció la Fundación MarViva, quien reveló que el MAG presentó, el pasado 15 de diciembre de 2020, una propuesta de regulación en el Sistema de Control Previo (Sicopre) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), lo que reviviría el anulado Decreto Ejecutivo Nº 40379-MINAE-MAG.
Se trata del decreto “Reforma regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES)”, emitido en la Administración de Luis Solís Rivera en 2017 y anulado por la Sala Primera en junio de 2020, tras declarar con lugar un recurso de casación interpuesto por MarViva.
El decreto en cuestión eliminaba las competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Consejo de Representantes de Autoridades Científicas (CRAC-CITES) para realizar recomendaciones técnicas y científicas, en relación con el comercio internacional de especies amenazadas de interés pesquero contempladas en los apéndices de la Convención CITES, tratado que regula el comercio internacional de animales y plantas silvestres amenazadas.
“MarViva ha reiterado que la gestión de los recursos marinos debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia y coordinación administrativa, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, así como por los principios de gestión inclusiva, participativa y representativa, consagrados en las leyes nacionales y acuerdos internacionales”, indicó el director general de Fundación MarViva, Jorge Jiménez.
El plazo para que los interesados emitieran opiniones sobre la propuesta de regulación se extendió del 16 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021.
“Lamentamos la intención de las autoridades de gobierno de revivir este decreto, de manera descoordinada con los sectores relevantes, y brindando un plazo de consulta pública que traslapó en gran medida con los periodos de vacaciones de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, lo que redujo las posibilidades de aportar al proceso y plantear oportunamente nuestras objeciones”, añadió Jiménez.
De acuerdo con Jiménez, los sectores académicos, no gubernamentales y las autoridades ambientales no deben quedar excluidos de la gestión de los recursos pesqueros, especialmente cuando se trata de su conservación.
CONTAMOS CON USTED
Usted no paga por leer las noticias, Usted aporta para que la información continúe distribuyéndose de forma libre, apegada siempre a la verdad, sin presiones políticas o económicas. Apoye el periodismo que está de su lado.
|
