Por su parte, el presidente Mauricio Funes dijo que su gobierno, que tiene su origen en cuadros de la otrora guerilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, acatará la orden.
“Soy respetuoso de la independencia de poderes”, aseveró Funes en una rueda de prensa en la Casa Presidencial, en la que subrayó su “respeto a la institucionalidad” del país.
Los nueve militares son parte de los 20 procesados por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España.
La CSJ resolvió que los nueve militares no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, por lo que pueden salir de la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, donde se refugiaron el día 7 tras conocer que la Policía se disponía a cumplir una orden de captura internacional emitida por la Interpol.
La nota emitida por la Interpol, según la CCSJ, “nos permite nada más actuar si existe una orden judicial y, según tengo entendido, no tenemos ninguna solicitud diplomática de extradición que haya sido tramitada a través de la Cancillería de la República”, añadió.
Batallón Atlacatl ejecutó la masacre
Los militares están siendo procesados en la Audiencia Nacional de España por la matanza ocurrida el 16 de noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.
También mataron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y a su pequeña hija Celina, de 16 años. El Periódicocr.
