Legislación impide que se prohiban transgénicos en Costa Rica, afirma especialista

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En Costa Rica varios grupos ambientalistas se oponen a la siembra de transgénicos en el país.
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Geovanny Jiménez S. | EP. La legislación costarricense y las resoluciones de la Sala Constitucional impiden que Costa Rica pueda prohibir el cultivo de transgénicos en el territorio nacional, afirma la especialista de propiedad intelectual y derechos conexos Alejandra Castro.

Según la experta, las declaratorias de “libres de transgénicos” realizadas en más del 90% de los cantones de Costa Rica es “solamente un saludo a la bandera”, porque el fuero municipal no tiene el poder suficiente para impedir el cultivo de transgénicos si la Sala Constitucional así lo establece.

Castro afirma que tanto la transnacional Monsanto -como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional en sus departamentos de investigación-, pueden sembrar y cultivar semillas alteradas genéticamente.

Desde 1991 con el Protocolo de Cartagena y con las resoluciones constitucionales, así como con el tema de la normativa fitosanitaria, en Costa Rica han convivido tanto los productos transgénicos con los orgánicos, explica la especialista.

Ella comenta que el arroz que comemos, así como productos derivadas del maíz como la harina de maíz importada e incluso alguna nacional, son transgénicos. Sin embargo, si alguien desea consumir solamente productos orgánicos puede exigirlo en la etiqueta, de manera que finalmente será la oferta pública la que defina si los productos alterados genéticamente tienen o no oportunidad en este país.

No obstante, ella deja claro que sí se puede prohibir la siembra de transgénicos, pero solamente basándose en criterio de orden fitosanitarios y en ese caso el único órgano con facultad para prohibir en Costa Rica es la Comisión de Bioseguridad, tesis que ha venido defendiendo en los últimos meses.

Así hay sectores donde se permite sembrar transgénicos y otros donde no, por razones fitosanitarias, según la Ley 8591 en sus artículos 21 y 22.

Las declaraciones en más del 90% de los cantones sí hablan de la voluntad política para rechazar una agricultura no orgánica y podría generar un espacio de rechazo que puede afectar la siembra e inclusión de empresas como Monsanto en sus territorios.

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