Por Dionisio Rojas*
Tenemos claro que la corrupción corroe los cimientos de la democracia costarricense. El poder excesivo de los partidos políticos y su financiación hacen que hoy se pierda la credibilidad del gobernante. Es necesario un rearme de la moral, de los valores, de la ética.
La corrupción, en mayor o mejor grado, ha existido siempre en todos los ámbitos de la gestión de los asuntos políticos. En el pasado hemos escuchado a las masas indicar que durante el gobierno del mandatario x o y se cometió un acto de corrupción. El fenómeno no es de Costa Rica, sino es global. Hoy vivimos cada día a la tentación de nuestra ética y muestra moral.
Cuando revisamos el código de Hammurabi, nos habla de los castigos, como el ojo por ojo y diente por diente. Más en estos tiempos la impunidad en la justicia es el mejor remedio para no sancionar la corrupción y menos para poder hacer valer la ley del pueblo. Continuamos como en la antigua roma pan y agua para entretener a plebe, mientras el Cesar vaciaba las arcas del estado romano.
Es que hoy que se tenga un Cicerón no es garantía, para que las autoridades actúen. En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo “dar y hacer regalos”: relevantes ministros de la monarquía francesa de 1,700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, el cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).
La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.
En Costa Rica, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción ha llegado a todos los niveles del Estado. Hoy, dentro de lo que llamamos Gobierno se convirtió en unas verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los Mandatarios públicos son corruptos, pero hay una gran falta de control de supervisión de parte de las personas que estos colocan en puestos claves de gobiernos para el manejo de las finanzas públicas.
En una sociedad abierta y democrática como la de Costa Rica, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla y le qudan debiendo al pueblo; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.
Pero, por encima de todas ellas, la causa primaría de todos los males en el sector público costarricense es la falta de ética y moral pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología, sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.
La corrupción socava la integridad moral de una sociedad costarricense. Supone la quiebra general de los valores morales.
Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores morales.
La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.
Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido acusados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos y menos morales…donde están los valores del ser costarricense, hoy estos políticos son gestores de sueños con sus almohadas de la gestión pública.
Se diría más bien que los gobernates utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos que día ha días son informados por los medios de comunicación y muchos que hoy se han podido tapar con un dedo.
*MBA-Dionisio Rojas González, Director del Centro Empresarial CEFOLOG y Profesor de Posgrado de UIA. dionisio1971@outlook.com
