Después del proceso electoral el país ha regresado a la normalidad eliminando de manera momentánea el gran peso que cargaba sobre las espaldas ante la posibilidad de ser gobernado por una élite evangélica neopentecostal.
Si algo caracteriza a esta corriente es la recalcitrante y fanática forma de actuar y juzgar con y para los demás que no compartan sus creencias.
Las “pequeñas” muestras de mojigatería, puritanismo y moralidad heterosexual que les urgía aplicar a todo el país y que tuvimos que sufrir durante las pasadas elecciones son solo la punta del iceberg del fanatismo y posturas extremas que desean implantar a toda la sociedad.
Los intereses castrenses por exacerbar los ánimos inflamando la opinión de los “fieles” para que no acepten la derrota asegurando que existió fraude electoral, todo para permanecer de forma popular en la palestra política; no debiera de pasar inadvertida ni impune para nadie, especialmente para el TSE por lo contraproducente de la misma. Caldear ánimos es el ingrediente principal para incentivar la violencia, por lo que la irresponsabilidad que demuestra el ego maltrecho de un perdedor, no debe infectar al resto del país.
Aunque un poco a destiempo el candidato del partido religioso trató de calmar a sus seguidores, muchos continúan en estado de negación sin comprender por qué su Dios les abandonó. Algunos aseguran que fue falta de fe, otros consideran que es una prueba más para su glorioso ascenso al poder y no pocos todavía esperan una señal para comprender qué les salió mal.
El fanatismo abarca precisamente esa arista: ceguera total o temporal para asumir las responsabilidades propias y culpar a las ajenas por las carencias propias.
Ante ese panorama, la reforma a los artículos 75 y 194 de la Constitución Política de Costa Rica para convertir a nuestro país en un Estado laico resulta urgente.
La población creyente debe permanecer tranquila y estar consciente de que el Estado laico no es una amenaza a la libertad de culto, todo lo contrario: asegura la práctica de cualquier credo religioso en igualdad de condiciones sin desmerecer a los que no sean creyentes; de tal manera que, el Estado no se encuentra obligado a mantener a alguno en específico sino en facilitar la igualdad de condiciones para que existan y se practiquen las libertades que la misma Constitución garantiza para todos los ciudadanos.
El mal hay que cortarlo de raíz y si bien es cierto el gobierno entrante debe mantener una agenda conjunta de diálogo con todas las fracciones para lograr los acuerdos necesarios en aras de equilibrar proyectos que agilicen la gobernabilidad que en otras administraciones ha resultado difícil; pasada la euforia del triunfo, debe permanecer intacto el interés en erradicar la amenaza que implica dejar abierto el portillo del fundamentalismo religioso en la política nacional.
Costa Rica de manera providencial ha logrado salvaguardarse a medias de la amenaza neopentecostal que ya infestó a otros países con los peores resultados: tener a catorce diputados representantes del fundamentalismo enciende todas las alertas para tomar las precauciones del caso y prevenir que semejante situación se repita.
Aunque de momento se les puede otorgar el beneficio de la duda, los precedentes con los que llegaron los diputados neopentecostales a la Asamblea Legislativa son desalentadores no solo por la falta de preparación que han demostrado a lo largo del proceso, sino por el servilismo que en “nombre” de Dios están obligados a practicar.
