Juez que anuló matrimonio de Laura y Jazmín hace alarde de homofobia en sus redes sociales

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El juez Francis Porras en la "Marcha x la Vida" promovida por grupos conservadores.

Elvis Martínez | EP. El juez Francis Porras León, quien sancionó al notario Marco Castillo y anuló el matrimonio civil  de Laura Florez-Estrada y Jazmín Elizondo Arias, ha hecho en varias ocasiones alarde de homofobia y evidente conservadurismo, señalan varios defensores de Derechos Humanos, lo cual lo descalifica para resolver el caso en manos del Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial .

En varias publicaciones en su perfil en Facebook el juez Francis Porras ha dejado ver su oposición respecto a temas como la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la reciente publicada norma técnica de aborto terapeútico.

El juez Porras León presentó el año pasado ante la Sala Constitucional dos recursos de amparo fallidos; uno contra la píldora del día después y otro contra la norma técnica del abortó terapéutico, lo que le ha valido gran cercanía con diputados y partidos políticos religiosos.

Para el activista Luis Paulino Vargas Solís, las actuaciones del juez son beligerantes.

“(..) su sentencia contra el abogado Marco Castillo que, por desproporcionada y abusiva, desnuda una saña impropia de ningún juez que tenga un mínimo respeto por su investidura. Pero, además, lanza una cacería de brujas contra los notarios que hayan casado parejas del mismo sexo, y contra las propias parejas, aparte que incurre en actitudes, que, de tan ridículas, serían risibles sino fuera porque son sumamente irresponsables: como regañar al Registro Civil, y exigirle que le pase la lista de los notarios involucrados, como si esa no fuera una información pública”, manifestó Vargas Solís.

Para Larissa Arroyo, activista,abogada y presidenta de la Asociación Ciudadana Acceder, la sanción del juez Francis Porras pretende amedrentar a funcionarios públicos para marginar a la comunidad LGBTI.

«Se trata de utilizar el miedo para amedrentar a una población que ha sido históricamente discriminada, haciéndole creer a los notarios que no pueden realizar ese tipo de enlaces, y que si lo hicieron sufrirán consecuencias», aseguró  Arroyo en declaraciones a la agencia Sputnik.

EN CONTEXTO

El pasado 27 de enero el Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial suspendió por 13 años y un mes al activista y abogado Marco Antonio Castillo Rojas por haber casado a Laura Florez-Estrada y Jazmín Elizondo Arias, valiéndose de que esta última estaba inscrita con sexo masculino en el Registro Civil.

El juez Francis Porras acogió la denuncia interpuesta por Guillermo Sandí, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, alegando que Castillo «insertó datos falsos» sobre el sexo biológico de Elizondo.

Monserrat Sagot. “El juez que dicta esta resolución ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la antoconcepción oral de emergencia y recientemente contra la norma técnica para regular el aborto terapeútico. O sea, no es un simple juez haciendo cumplir la ley. Es un activista del neoconservadurismo con una clara agenda ideológica y con una saña descomunal.”

 

Además de suspender a Marco Castillo como notario, el juez anuló el matrimonio de Laura y Jazmín y cuestionó al Registro Civil de Tribunal Supremo de Elecciones por no presentar denuncias contra notarios que han formalizado matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Para el juez, el Registro Civil en lugar de denunciar ha dejado las solicitudes como pendientes de inscripción “sin que estén claras las razones jurídicas de tal proceder”, por lo que ordenó  a Luis Guillermo Chinchilla Mora, director del Registro Civil, remitir ante la Dirección Nacional de Notariado y en un plazo de tres días la identidad de todos los notarios que han presentado documentos de matrimonio entre personas del mismo sexo y que se encuentran “pendientes de inscripción”.

El matrimonio civil igualitario será una realidad en Costa Rica a partir del 26 de mayo del 2020, tras una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una posterior resolución de la Sala Constitucional que dio un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el matrimonio igualitario.

 

 

 

SENTENCIA

 

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