Santiago, 27 de septiembre de 2017 El ministro Mario Carroza se dirige a los medios de comunicacion acreca de la detencion del ex frentista Florencio Velasquez Negrete. Andres Pina/Aton Chile
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George Rodríguez EP. Veinte ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), que operó como policía política de la dictadura militar de Chile (1973-1990), fueron condenados a prisión, acusados por acciones de secuestro contra doce opositores al régimen de facto.

El juez Mario Carroza indicó, en el fallo, que los condenados facilitaron el traslado de los secuestrados, desde el exterior, a Chile, para ser torturados y cruelmente asesinados.

La Dina (1973-1977) –reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (1977-1990)- actuó en coordinación con sus contrapartes de las dictaduras militares de la época en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay, en la persecución, la captura, y el asesinato de opositores a esos regímenes quienes se hallaban exiliados en diversos países.

La estructura en cuyo marco esas acciones fueron llevadas a cabo se denominó “Plan Cóndor”.

“Los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país”, indicó el juez, en el fallo emitido el viernes.

Los secuestrados fueron ilegalmente llevados a Chile, señaló, además.

Ello, “con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos”, precisó.

Entre los casos más destacados de asesinatos de opositores al régimen militar de chile, en acciones enmarcadas en la “Plan Cóndor”, figuran los del general Carlos Prats, ex jefe del ejército, en 1974 en Buenos Aires, y del ex canciller Orlando Letelier, en 1776 en Washington.

En ambos casos, los asesinatos fueron cometidos mediante la detonación de explosivos colocados en los automóviles de las víctimas.

Prats fue reemplazado, en 1973, en la jefatura del ejército, por el general Augusto Pinochet, quien encabezó la dictadura militar instalada mediante el cruento golpe de estado del 11 de setiembre de ese año contra el socialista presidente Salvador Allende (1970-1973).

Entre los veinte condenados figuran los brigadieres retirados del ejército Christoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumann, cada uno condenado a cumplir 17 años de prisión.

Willike e Iturriaga cumplen, actualmente, condenas por su participación en el asesinato de Prats.

También figura una mujer: Gladys Calderón Carreño, conocida como “El Ángel del Cianuro”.

Calderón es una enfermera quien formó parte de la Dina, desde el inicio de ese organismo represivo, y fue asignada, entre otras responsabilidades, a desempeñarse en un centro de tortura conocido como Clínica Santa Lucía, por su ubicación en la calle Santa Lucía, en el centro de Santiago, la capital chilena.

La ex agente de la Dina fue condenada a 10 años de prisión, por su participación en dos secuestros y en cinco homicidios, entre otras acciones criminales.

El fallo también cubrió el campo civil, ya que el juez acogió las demandas tramitadas por familiares de las víctimas, condenando al Estado chileno a pagar indemnizaciones, por daño moral, que oscilan de 20 millones a 90 millones de pesos chilenos (aproximadamente 30 mil a 135 mil dólares).

De acuerdo con datos oficiales, durante los 17 años que se mantuvo en el poder, tras el cruento golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973, la dictadura militar de Chile generó por lo menos 3.200 víctimas fatales y aproximadamente 1,192 desaparecidos, además de alrededor de 33,000 presos políticos quienes fueron, invariablemente, torturados.

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