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George Rodríguez EP. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, y la ex fiscala general guatemalteca Thelma Aldana fueron galardonados con el Premio Vida Justa (Right Livelihood Award, RLA) 2018, informó este lunes la fundación que otorga el galardón.

Velásquez y Aldana reciben este año la distinción –también conocida como el “Premio Nobel Alternativo”- por su labor contra el abuso del poder y la corrupción en ese país centroamericano, indicó la Fundación Right Livelihood Award, en un comunicado.

Ambos fueron premiados “por su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las instituciones públicas”, señaló la entidad con sede mundial en Suecia.

Velásquez, el frente de la Cicig, y Aldana, cuando se desempeñó como jefa del Ministerio Público (MP) –en el período 2014-2018-, lideraron, como contrapartes, investigaciones de casos de corrupción en estructuras gubernamentales.

Entre esos casos figuró, en 2015, el referido a “La Línea”, una red de corrupción aduanera liderada por el general retirado Otto Pérez y Roxana Baldetti, respectivamente, presidente y vicepresidenta de Guatemala, quienes, como consecuencia de esa investigación, debieron renunciar a sus respectivos cargos y se encuentra detenidos.

Actualmente, Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, está impedido, por decisión del gobierno presidido por Jimmy Morales, de regresar a Guatemala, mientras Aldana, finalizado su período como fiscala general, por razones de seguridad, se autoexilió.

Respecto a la distinción, Velásquez, citado en el comunicado, expresó que el otorgamiento ambos es oportuno, por la situación que en materia de impunidad registra Guatemala.

“Este premio llega en un momento particularmente dramático para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Es muy importante porque hará volcar los ojos del mundo sobre Guatemala, y ojalá también, la solidaridad internacional con quienes están empeñados en la transformación del país”, expresó.

Por su parte, Aldana, también citada en el texto, subrayó la necesidad de ese país logre fortalecer su sistema judicial.

“El Premio Right Livelihood es un reconocimiento a la lucha del pueblo guatemalteco contra la corrupción y a que es posible combatir estas actividades criminales. La construcción de una verdadera democracia en Guatemala requiere de un sistema de justicia fortalecido e independiente”, aseguró.

Desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, Morales ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, particularmente con Velásquez.

El presidente ordenó, el año pasado, la expulsión del comisionado, pero la decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La comisión, junto con el MP guatemalteco, inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado al mandatario lo mismo que a allegados.

Morales anunció, el 31 de agosto, la decisión de no renovar el mandato de la comisión, e informó, el 4 de setiembre, sobre la prohibición para que Velásquez regrese a Guatemala.

En un mensaje dirigido, el 6 de setiembre, a los guatemaltecos y a la comunidad internacional, el mandatario ratificó ambas decisiones.

Respecto a Velásquez, la CC instruyó, la noche del 16 de este mes, a Morales, “permitir el ingreso al territorio nacional del comisionado”-a quien no mencionó por su nombre-, y le advirtió que ello “deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento” de la Cicig.

El tribunal advirtió, además, que la no autorización implicará el incumplimiento de la disposición.

“Se considerará incumplida la orden (…) en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado”, planteó la corte en la resolución de 11 páginas leída, en conferencia de prensa, en la sede del tribunal ubicada en el centro de Guatemala, la capital nacional.

Sin embargo, el gobierno conminó, en un comunicado emitido la mañana siguiente, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a que, en un plazo de 48 horas, proponga nuevo titular de la Cicig.

El planteamiento fue formalizado, mediante nota diplomática, por la cancillería de Guatemala, de acuerdo con la información oficial.

La designación del nuevo titular de la comisión debe llevarse a cabo con el asentimiento guatemalteco, según el Derecho Internacional, agregó.

El comunicado fue leído, en breve conferencia de prensa, por la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.

El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre de 2019.

El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al MP, a la Policía Nacional Civil (PNC), y a otras entidades estatales guatemaltecas.

Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales armados y otras estructuras clandestinas.

Entre los predecesores de Velásquez y Aldana, figura la también guatemalteca Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, quien recibió el galardón en 1992.

La fundación premió entonces “su valentía personal y su persistencia en procurar justicia y el fin de la impunidad de los asesinos políticos”.

Mack participó activamente en la investigación del asesinato, el 11 de setiembre de 1990, en la capital guatemalteca, de su hermana la antropóloga Myrna Mack.

La antropóloga fue asesinada, a puñaladas, a raíz de su investigación, lo mismo documental que de campo, sobre la situación de las Comunidades de Población en Resistencia (CCPP), integradas por núcleos indígenas y campesinos desplazados por la guerra interna que, durante más de tres décadas (1960-1996), convulsionó a Guatemala.

Masivas violaciones a los derechos humanos –incluidas masacres de habitantes de centenares de aldeas indígenas, y otros crímenes de lesa humanidad- fueron llevadas a cabo en el enfrentamiento entre el ejército de ese país y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) –fuerza rebelde disuelta al concluir la guerra-.

Helen Mack logró, mediante su esfuerzo investigador sumado al estatal, la condena a 35 años de prisión de Noel de Jesús Beteta, un ex integrante del Estado Mayor Presidencial –el contingente militar encargado de| la seguridad del presidente y su familia-, como autor material del asesinato de su hermana.

Mack estableció la fundación luego de haber recibido el Premio Right Livelihood.

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