Aarón Chinchilla EP. | Un informe emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó aperturar una investigación en contra del ex Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y distintos funcionarios, por el caso conocido como “Cementazo“.
A través del oficio PGR-001-2020 de 137 páginas enviado al Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides (PLN) y la Secretaria del Directorio, Laura Guido (PAC), la Procuraduría insta reabrir la investigaadn contra el expresidente Luis Guillermo Salís, tomando en consideración las omisiones de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en lo correspondiente a la Presidencia de la República en el Informe del Expediente 20461 con respecto a la sección sexta de Conclusiones y Recomendaciones, así como las últimas
revelaciones y declaraciones ante la comisión de los ex directivos del Banco de Costa Rica, Mónica Segnini; Evita Arguedas, Francisco Molina y Alberto Rayen, que evidencian una injerencia directa de Casa Presidencial con conocimiento del expresidente Luis Guillermo Solís en relación con la tramitación del crédito para la importación de cemento chino y las actuaciones de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) y consecuentemente una falta al deber de probidad.
Asimismo, el documento señala que el Procurador Director del Área de la Ética Pública instruyó a la MSc. Johanna Masís Díaz, Procuradora del Área, para que, de conformidad con las competencias de control y fiscalización de la gestión pública atribuidas a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) procediera a realizar formal investigación en torno a lo indicado en la recomendación emitida por la PGR, con el propósito de determinar si hay nuevos elementos de prueba sobre los hechos que fueron investigados, o bien, si existen hechos nuevos. La investigación se está realizando bajo el expediente de denuncia N° DEP-202-2019.
En la misma línea, el documento señala que es necesario, que la Procuraduría de la Ética Pública, así como el Ministerio Público verifiquen si las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno tenían fundamento legal, y si estas actuaciones tuvieron repercusiones de pago de dobles dietas a directores suspendidos y a nuevos directores, o lesiones a los intereses económico-financieros por los que debe velar el Banco de Costa Rica (BCR).
Esto “para asegurar el respeto al principio de legalidad y la existencia
de algún ilícito penal en tutela del erario público y los intereses de los costarricenses”.
Por tanto, se insta a la remisión del presente informe al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República para que inicie investigaciones sobre el proceder irregular del Consejo de Gobierno de las administraciones del expresidente Luis Guillermo Salís Rivera y el actual presidente de la República Carlos Alvarado Quesada en la suspensión y remoción de los directivos de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.”
