Allan Madriz | EP. La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) lamentó que la Asamblea Legislativa aprobara este martes en segundo debate el proyecto de ley que permitiría el bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios.
“Diputados aprueban proyecto para bloquear señal de celulares en centros penitenciarios”.
El principal objetivo de la propuesta legislativa es evitar delitos como estafas que se cometen por medio de la telefonía inalámbrica desde los centros penitenciarios.
La iniciativa establece adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios.
Sin embargo, Infocom había manifestado su oposición al proyecto, señalando que aplica el bloqueo en las cárceles afectaría a las comunidades aledañas, por lo que usuarios de telefonía celular que residan cerca de estos centros penitenciarios, sufrirían afectaciones en el servicio.
La Cámara asegura que la iniciativa, que obliga a operadores móviles a bloquear la señal celular en todos los centros penitenciarios del país, tiene graves vacíos legales y carencias técnicas que dificultarán su aplicación.
“Es lamentable que, aunque un grupo de legisladores mostró interés y voluntad para mejorar la redacción del proyecto, la mayoría de los señores diputados hayan hecho caso omiso a los criterios técnicos de las entidades expertas en la materia, como el ICE, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) y Groupe Spéciale Mobile Association (GSMA, por sus siglas en inglés); así como de la Defensoría de los Habitantes; que recomendaban modificar el texto de la propuesta de ley”, señaló Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom.
Para la Cámara, el proyecto aprobado contiene dos obligaciones que serán de imposible cumplimiento: no es posible garantizar un 100% de bloqueo de señal celular y tampoco puede garantizarse en un 100%, como lo establece el texto, la no afectación a los vecinos, comercios y transeúntes de las comunidades aledañas a los centros penitenciarios.
“La legislación aprobada dista mucho a las buenas prácticas internacionales; y se asemeja más a los casos ineficaces de algunos de nuestros países vecinos. Perdimos como país la oportunidad de aprobar una ley que aplicando las mejores prácticas sobre la materia, permitiera una solución acorde a nuestras necesidades”, sentenció Ramírez.
El proyecto contiene un transitorio que señala que los operadores tendrán un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia del reglamento, para cumplir con la obligación establecida en esta reforma.
Es un desacierto, increíble que por un deficiente control en el ingreso de las cárceles se responsabilice a todos los operadores. Los diputados fueron inducidos al error por falta de asesoría.
¿Qué sucederá con los servicios telefónicos de los policías que laboran en los centros penitenciarios? Ya no podrán usarlo en sus labores o peor aún tampoco en un caso de emergencia. Los vecinos residentes a las cárceles (en Costa Rica no existen restricciones de distancia en algunos casos) igualmente se verán afectados.
Era más factible darle seguimiento de la localización de servicios dentro de la cárcel por medio de plataformas que también podrías ser utilizadas para comercializar otros servicios.