Además, lo califican de “golpe de Estado contra la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad del país”. Tanto las actuaciones de la compañía, así como las presuntas actuaciones de un magistrado suplente que habría actuado como “soplón” de la empresa minera.
El documento afirma literamente que, “Presentaron recusación contra las y los magistrados titulares con la clara intención de sacarlos del juego para que en su lugar entren magistrados suplentes que podrían sostener posiciones distintas (¿nuevos sostos?)”, sin embargo “…aunque no logren cambiar la conformación de la Sala, la maniobra busca retrasar el dictado del voto definitivo de la Sala Primera para dar tiempo que la Sala Constitucional vuelva a intervenir en el caso.”
Para el partido Frente Amplio, todo lo actuado por la empresa transnacional canadiense “…son hechos concatenados que van claramente dirigidos a favorecer a la trasnacional minera e impedir que los tribunales de justicia resuelvan el caso Crucitas con imparcialidad e independencia”.
El Periódicocr
