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miércoles, febrero 1, 2023

Impuesto para financiar la defensa nacional genera preocupación: carta del diputado Juan Carlos Mendoza

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Redaccion El Periodico CR
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Sin embargo, la reciente publicación del interés de su Gobierno por crear un impuesto para financiar la defensa nacional, genera preocupación en el seno de la Fracción del Partido Acción Ciudadana, por el inoportuno momento en el que se lanza esta propuesta, sus implicaciones para la institucionalidad y cultura política costarricense y por el asocio inexorable de dos temas sensibles, que requieren análisis, discusión y decisiones sin condicionamientos tácitos o implícitos, como son el proceso que se sigue por la invasión a Isla Calero en la Corte de La Haya y el inicio de la discusión del plan fiscal en la Asamblea Legislativa.

En relación con el primer punto, resulta desafortunado emitir declaraciones en el ámbito doméstico que afecten el excelente proceso que se lleva en este momento ante la Corte Internacional de Justicia. Las intenciones de su Gobierno, publicadas por el Periódico La Nación desde el domingo nueve de enero del 2011 y que rematan ayer martes 12 de enero del 2011 con la intención de crear un impuesto que financie la defensa nacional, se inscriben dentro de una lógica guerrerista, que debilita innecesariamente el argumento base que articula nuestra delegación ante este tribunal y abona gratuitamente a la tesis nicaragüense, que busca por todos los medios hacer ver a Costa Rica como un país armado. En este sentido, resentimos la ausencia de una mayor conexión entre las acciones propias del ámbito diplomático y las acciones y comunicaciones domésticas relativas al tema.

Por el mejor resguardo del interés nacional, le solicitamos enmendar lo actuado y considerar este elemento como un eventual frente que el Gobierno de Ortega empleará en nuestra contra.

La segunda preocupación versa con el fondo de la propuesta. Sin considerar en esta oportunidad las razones que originan este episodio, reconocemos que es frustrante permanecer invadidos y disponer solo del derecho internacional y de una capacidad disminuida de nuestro servicio diplomático para remediar esta situación; dado el olvido en el que cayó la agenda exterior centroamericana y latinoamericana, y la ausencia de una verdadera profesionalización del personal diplomático.

A pesar de lo anterior, su Gobierno debe permanecer a la altura de la circunstancias y evitar recurrir a acciones que lesionen la tradición pacífica y civilista que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. Más que una tradición a guardar, se trata de una política de Estado que debemos sostener. La gestión del Gobierno debe regirse bajo el paradigma moderno que plantea la defensa de la soberanía y la integridad del territorio como resultado de la presencia contundente del Estado en zonas vulnerables, mediante la generación de fuentes de empleo, servicios públicos, desarrollo de infraestructura de calidad, promoción de actividades productivas y presencia policial, en acuerdo con el marco jurídico nacional.

Serían contrarias con un liderazgo democrático las propuestas que, independientemente de sus intenciones, acaben enardeciendo el espíritu de la ciudadanía y respondiendo al vaivén de estudios de opinión.

Entre otras acciones, recomendamos mejorar las relaciones entre el Gobierno Central y el sector municipal, en el marco de la ejecución de una política de desarrollo de los cantones fronterizos y ribereños, que genere las capacidades de coordinación, mediación y control de las que hoy carecen los municipios, cuya desatención propicia el abandono, desorden y abuso por parte de propios y extranjeros dedicados a actividades contrarias a la legalidad.

En tercer término, vemos con mucha precaución la posibilidad de que se ligue la discusión sobre la reforma fiscal con la invasión que sufre Costa Rica en Isla Calero. Ambos temas son de interés nacional y requieren del más profundo debate y amplia participación de actores. Insistimos en que una discusión temáticamente confusa y políticamente excluyente daría al traste con cualquier iniciativa conveniente para la solución de estos asuntos y podría llegar a afectar negativamente la convivencia democrática del país.

Sería lamentable que la discusión del plan fiscal acabe condicionada por la invasión a Isla Calero. Nos preguntamos: ¿En qué nos diferenciaríamos de quienes criticamos, si también empleáramos el dragado del río San Juan y la invasión a nuestro territorio para apalancar intereses en el ámbito nacional? Grave fractura se le infligiría a la democracia si se llegara a poner en práctica tal perversión en el ejercicio de la política. Sería un acontecimiento sin precedentes y totalmente incompatible con el espíritu liberal de nuestra nación.

En general, reconocemos que el país adolece de recursos, capacidades y coordinaciones que permitan la adecuada defensa del territorio nacional ante agresiones externas. Es lamentable que sea en el marco de la crisis que vivimos con Nicaragua, que su Gobierno tenga que reaccionar rápidamente a solucionar esta dolencia, que viene siendo advertida por distintos medios desde meses atrás. Las mejores decisiones en este contexto requerirán de un amplio y reposado diálogo nacional que satisfaga las necesidades vistas y que a la vez resguarde nuestra política de Estado de ser un país sin ejercido y amante de la paz.

Finalmente, reiteramos el compromiso del Partido Acción Ciudadana con la correcta y activa defensa de la democracia costarricense, su territorio y valores políticos que constituyen precisamente la base de la excepcionalidad nacional, que tanto progreso y bienestar han dado al pueblo costarricense.

Con toda consideración,

Juan Carlos Mendoza García

Jefe de Fracción

Partido Acción Ciudadana

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