Ahora tenemos lo último que uno podía imaginar: juegos producidos por la Junta de Protección Social (JPS) que se venden diario, ningún bien que se genere de esos juegos o loterías o como se les llame justifica que estamos prohijando la ludopatía como estado. O sea, se venden diario creyendo que así los clandestinos desaparecen, cuando ahora los chanceaos clandestinos no dan a basto con la venta de tiempos, me decía un amigo chancero que ahora si la cosa es dura, porque hay que vender diario ya que diario se juega.
¿Comprende la JPS cuán grave es el vicio de jugar? Porque debemos aclarar que nadie juega lotería por altruismo, si bien se da por un hecho que jugar lotería de la junta es ayudar indirectamente obras de bien social, al fin y al cabo dirá el jugador: la plata que gasto en chances se invierte en obras sociales.
El problema no fue la modernización de la JPS, que de plano nunca se modernizó debido a que en los pueblos alejados de San José se “repagan” los chances y la lotería, es decir no existe control, no hay como en Panamá puestos de venta de la Lotería Nacional para evitar el abuso de los vendedores, que conocedores de las debilidades del espíritu del jugador, le traban el diente. ¿Dónde está la modernización de la JPS de Costa Rica? ¿En hacer sorteos diarios? No, eso no es bueno para el comprador compulsivo, y todo jugador es de una forma o de otra un obsesivo compulsivo, que sabe que jamás ganará el premio gordo, no obstante sigue jugando hasta que muere o deja de tener acceso al dinero para seguir jugando.
Poner puestos de venta en todos los cantones, sí es un derecho de los compradores que la JPS debe satisfacer, no aumentar el número de juegos, incrementar los lugares de venta en los cantones alejados de la capital, para evitar el abuso de los chanceros, que con la tonadilla de que son revendedores, cobran hasta un veinte por ciento más del precio. La otra cosa son las cuotas de lotería: ¿a quienes y por qué mecanismos y con qué criterios se otorgan? Estos dos asuntos se los está debiendo la junta a quienes están condenados a comprar su producto por una ludopatía fomentada por el estado.
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