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George Rodríguez EP. El juicio por el asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres está detenido a causa de las irregularidades registradas en el proceso legal, debe realizarse solamente cuando existan las condiciones básicas para su adecuado desarrollo, indicó este jueves el Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Entre las irregularidades figura la negativa del Ministerio Público (MP) a permitir acceso, a la parte denunciante, a información fundamental, o ha proporcionado información incompleta, precisó el Copinh, en un extenso comunicado que tituló “Actualización sobre la causa Berta Cáceres en Honduras”.

Por ello, “el COPINH ha tomado la decisión de insistir para que el juicio se realice hasta que existan las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad del asesinato de Berta Cáceres. Para lo cual se va a hacer uso de todos los recursos de ley para que el sistema de justicia garantice los derechos de las víctimas, e incluso de los imputados, con la satisfacción de las solicitudes de información, debido proceso y acceso a la justicia”, se indicó en el texto.

Tal como fue planteado por familiares de Cáceres y por el Copinh, en la primera audiencia, el 17 de setiembre, el consejo indicó, en el comunicado, que el trámite judicial –suspendido ese día, a iniciativa de la parte denunciante- debe llevarse a cabo sin las persistentes irregularidades.

“Para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas la representación de las víctimas ha interpuesto (…) recursos ante decisiones del Tribunal”, tales como un “recurso de amparo para que el COPINH, a través de sus integrantes, sea reconocido en su condición de víctima del crimen de Berta y pueda participar del proceso penal”, indicó.

La organización aludió así al hecho de que Cáceres fue su cofundadora –junto con el también dirigente indígena Salvador Zúniga, en 1993- y su máxima dirigente.

El consejo informó, asimismo, que tramitó un “recurso de amparo para que el juicio sea transmitido en vivo y así las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias”.

El Copinh reafirmó lo denunciado en septiembre, en el sentido de que el tribunal asignado al juicio procuró encubrir las acciones ilegales del MP respecto al caso.

En ese sentido, indicó que presentó una “recusación contra el tribunal debido a sus decisiones parcializadas, que encubren las actuaciones ilegales del Ministerio Público en el ocultamiento de la prueba, la falta de investigación, al minimización del caso y en definitiva la negación de la verdad de lo ocurrido a Berta Cáceres”.

El consejo señaló que las acciones legales que ha emprendido, en procura de que el juicio se desarrolle correctamente han fracasado.

Cáceres, líder indígena, activista de derechos humanos en general y de derechos de las mujeres, y ambientalista, fue asesinada a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016, en su vivienda en La Esperanza, localidad a unos 180 kilómetros de Tegucigalpa, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá, limítrofe con El Salvador.

Días antes, la dirigente había encabezado una de varias manifestaciones pacíficas contra el megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, previsto para construirse en el departamento de Santa Bárbara, también en el occidente hondureño.

El proyecto, autorizado en 2010 por el gobierno del entonces presidente (2010-2014) de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo, se implementaría en un sector del río Gualcarque –cuerpo de agua sagrado para el pueblo indígena Lenca, comunidad a la que Cáceres pertenecía-.

La resistencia del Copinh, liderada por la dirigente en constante y pacífica oposición, fue blanco de fuerte represión, no obstante lo cual hizo que la empresa estatal china Sinohydro –la principal constructora de represas a nivel mundial- y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) –la parte inversionista- se retirasen del proyecto.

Sin embargo, la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa) retomó el proyecto, lo que reactivó la movilización opositora local, siempre con el liderazgo de Cáceres, acción que impidió, nuevamente, que fuese llevado a cabo.

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