Hacienda pretende sustituir el cierre de negocios por multas económicas

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Foto: Aarón Chinchilla.

 

Allan Madriz | EP. El Gobierno presentó un proyecto de ley que pretende sustituir temporalmente la sanción de cierre de negocios que aplica la Dirección General  de Tributación  por  el cobro de un salario base.

Asimismo, la medida busca otorgar facilidades de pago del  impuesto al valor agregado (IVA) a sectores impactados severamente por la restricción sanitaria, esto como parte de las acciones para mitigar el efecto de la pandemia sobre diferentes sectores económicos.

“El golpe que ha generado la pandemia a la economía ha sido bastante contundente como para sumar a las empresas una sanción tan severa como el cierre del negocio por cinco días naturales, máxime considerando que las medidas de restricción a nivel sanitario obligaron al cierre de la mayoría de establecimientos al menos por un mes”, indicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Para el jerarca, Si bien el Gobierno no puede obviar la sanción por incumplimiento, si puede hacerla menos severa temporalmente, de manera que permita a los negocios seguir operando.

Para optar por esta alternativa, se debe estar al día en todas las obligaciones tributarias.  De incumplirse con las condiciones para optar por esta dispensa, el cierre se ejecutará o se reanudará el trámite del proceso sancionador hasta su firmeza.

Para Hacienda, el cierre de negocio en este momento solo agravaría la situación económica de las personas y también traería más perjuicios al Fisco.

En su lugar, el pago de un salario base como sanción, permitirá al local comercial seguir operando y al Estado lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte del contribuyente.

El proyecto propone además, como medida excepcional, que para los negocios que han visto más afectada su situación económica, inscritos en actividades turísticas, de entretenimiento, de bares o restaurantes, autorizar fraccionamientos de pago en deudas tributarias, incluidas las que correspondan al IVA.

Esto siempre y cuando se trate de deudas devengadas antes del 31 de diciembre del 2020 y declaradas a más tardar el 28 de febrero del 2021.

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