United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Antonio Guterres attends a press conference following the UNHCRs annual Executive Committee meeting on October 3, 2014 at the United Nations Office at Geneva. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)
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George Rodríguez EP. Es esencial que la violencia cese en Nicaragua, y que se revitalice el Diálogo Nacional en procura de lograr una solución inclusiva a la crisis sociopolítica que afecta a ese país, dijo este lunes el secretario general de las Nacionales Unidas, António Guterres.

El funcionario también ofreció a la organización mundial como mediadora en el conflicto.

La situación nicaragüense amerita que Naciones Unidas actúe para detener la escalada de violencia desencadenada hace casi tres meses, dijo, por su parte, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, luego de la reunión que ambos desarrollaron en la Casa Presidencial, en San José, la capital de Costa Rica.

Es oportuno, asimismo, considerar el abordaje regional centroamericano del problema, sugirió, asimismo, Alvarado, en las declaraciones que los dos líderes formularon a periodistas.

“Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia, y que se revitalice el diálogo nacional para encontrar una solución inclusiva”, subrayó Guterres, quien aseguró que, “desde las Naciones Unidas, nos ponemos a entera disposición del gobierno nicaragüense para servir como mediador en este proceso”.

Los estados tienen la responsabilidad básica de proteger a la población, por lo que la represión armada antipopular es inadmisible, agregó.

“Es una responsabilidad primaria de los estados garantizar la protección de los ciudadanos”, por lo que “el número de muertos y el uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado son inaceptables”, advirtió el funcionario internacional.

En opinión de Alvarado, “lo que sucede en Nicaragua demanda una reacción de la Organización de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia generalizada”.

Según el mandatario, las violaciones a los derechos humanos, en el marco de la persistente violencia, deben finalizar.

“Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la intimidación contra manifestantes, medios de comunicación, estudiantes, defensores de derechos y miembros de la iglesia católica son actos inadmisibles que deben terminarse cuanto antes”, expresó.

El presidente describió la caótica situación nicaragüense como un asunto prioritario, con potenciales repercusiones migratorias, sociales y económicas sa nivel centroamericano, por lo que consideró oportuno que el problema sea abordado regionalmente.

Horas antes de la visita iniciada la mañana del lunes a Costa Rica, por Guterres, se conoció el contenido de una carta que siete ex presidentes costarricense le dirigieron, respecto a la crisis nicaragüense.

Si se prolongarse, la situación podría dar lugar a una guerra civil en ese país centroamericano, advirtieron los ex mandatarios Oscar arias (1986-1990, 2006-2010), Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006), Laura Chinchilla (2010-2014), y Luis Guillermo Solís (2014-2018).

“Solicitamos su valiosa intervención para que Naciones Unidas (…) intervenga para promover una solución que restablezca –a la brevedad posible- la paz y la democracia en Nicaragua”, expresaron los dirigentes, y señalaron que “su posición como Secretario General de Naciones Unidas y su valiosa y ejemplar experiencia sobre el sufrimiento de los desplazados como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo sitúan en inmejorable posición para apreciar el dolor humano que generan estas circunstancias y los graves riesgos que ellas implican”.

De continuar, la situación de violencia que convulsiona a Nicaragua plantea, para ese país, el riesgo de guerra civil, lo que afectaría al resto de Centroamérica, reflexionaron.

La represión y la violencia llevadas a cabo, por fuerzas policiales, grupos paramilitares y civiles progubernamentales armados, contra manifestantes opositores, se han agudizado, señalaron los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en un Mensaje Pastoral.

Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.

En casi tres meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado más de 350 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.

 

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