William Aguilar | EP. Un grupo de parejas interesadas en la pronta aprobación de la fertilización in vitro (FIV) en nuestro país, se ha manifestado este miércoles ante el Gobierno y ha presentado un plan formal para su aprobación por medio de decreto y reglamentación.
Esto, debido a la improbabilidad de que la FIV sea legalizada por medio de ley en la Asamblea Legislativa, debido a la fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores del plenario, encabezados por los diputados evangélicos y respaldados por Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario.
Hemos hecho una propuesta de reglamentación, de regulación, que dé solución a este problema que tiene el país desde el año 2002
El tema es cómo cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Nosotros hacemos una propuesta de reglamento, que desde el punto de vista del contenido es más armonica con lo que dijo la corte, que los mismos proyectos que se discuten en la Asamblea”, dijo en rueda de prensa en Casa Presidencial Hubert May, abogado de las familias interesadas.
La CIDH ordenó a finales del 2012 que la FIV sea legal y costeada por el Estado en nuestro país, luego de fallar a favor de 9 parejas que habrían elevado hasta esas instancias el caso ya que sentían vulnerados sus derechos.
Ya en el 2013 había vencido el primer plazo dado por la CIDH para que Costa Rica levantara la prohibición de la FIV y en estos momentos el país se encuentra en riesgo de que se le apliquen fuertes sanciones por parte de la corte.
Consideramos que este reglamento puede ser una medida de satisfacción de la sentencia dictada por la CIDH y entendemos que es la misma corte la que debe de decir si este reglamento es válido o no y si satisface su sentencia o no. No será la Sala IV, ni una de disposición del Poder Legislativo u otro órgano interno el que decida si Costa Rica cumplió con la CIDH”, afirmó el abogado de las parejas.
Se calcula que un 5% de las parejas en nuestro país requieren de la FIV para poder tener hijos propios.
Por el momento las autoridades del Gobierno dicen que estudiarán la posibilidad, ya que la ley está por encima de los reglamentos y los decretos en nuestra jurisdicción, lo que hace difícil esta vía para la aprobación.
