Gerorge Rodríguez EP. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe trasladar, provisionalmente, el Poder Ejecutivo, a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), para permitir la realización de elecciones democráticas, planteó, este viernes, el Grupo de Lima.
Ello, porque Maduro, ganador de los cuestionados comicios llevados a cabo el año pasado, debe abstenerse de reasumir la presidencia para el sexenio 2019-2025, lo que está programado para el 10 de este mes, según lo indicado en la Declaración de Lima, al cierre de la reunión de cancilleres del bloque llevada a cabo en esa ciudad, la capital de Perú.
México fue el único de los catorce países integrantes del grupo que no suscribió la declaración, en seguimiento a sus principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención, tal como expresó, en el encuentro, su vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Los firmantes del texto de 13 puntos contenidos en tres páginas indicaron que “instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.
Creada constitucionalmente en 1999, en reemplazo del bicameral Congreso de la República, la Asamblea Nacional es, desde 2016, dominada por mayoría opositora, razón por la cual es desconocida por el régimen de Maduro, el cual, para neutralizar el peso opositor legislativo, instaló, mediante decreto presidencial, en 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar un nuevo texto constitucional y con facultades plenipotenciarias por encima del Poder Legislativo.
Al respecto, los firmantes indicaron que “ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela”.
Asimismo, plantearon la ilegitimidad de la elección presidencial llevada a cabo el 20 de mayo del año pasado, la que fue ganada por Maduro, quien obtuvo casi 68 por ciento de votos, de acuerdo con los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ese proceso electoral, “carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, por lo cual, los países del Grupo de Lima “no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”.
También se comprometieron a continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales –principalmente en la Organización de los Estados americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como aporte al restablecimiento del orden democrático y de los derechos humanos en Venezuela.
En tal contexto, los participantes en la reunión acordaron, asimismo, la adopción de siete medidas, referidas, entre otros temas, a sus respectivas relaciones diplomáticas con ese país, al otorgamiento de créditos, la cooperación militar.
En el primer caso, decidieron “reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses”.
Además se comprometieron a evaluar, aplicando un criterio restrictivo, el otorgamiento de préstamos, al régimen madurista, por parte de los organismos financieros, tanto internacionales como regionales, de los que forman parte.
También, “suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas (…) así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria”, precisaron.
Los integrantes del bloque expresaron, asimismo, preocupación por el masivo éxodo de venezolanos, principalmente a naciones sudamericanas, quienes huyen de la severa crisis que golpea a su país de origen.
En ese sentido, indicaron que “renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis”, causada por “la grave crisis política y humanitaria en Venezuela” y que es “producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos”.
El Grupo de Lima toma su nombre de la capital de Perú, ciudad en la que fue creado, el 8 de agosto de 2017, para dar seguimiento, y buscar solución pacífica, a la crisis venezolana.
Inicialmente integrado por doce países americanos –Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú-, con la posterior incorporación de otras dos naciones –Granada, Jamaica-, el grupo es avalado por la OEA y la Unión Europea, además de que cuenta con el respaldo de la oposición venezolana.
De acuerdo con diversos cálculos, aproximadamente dos millones de venezolanos se han desplazado, vía terrestre, a países sudamericanos tales como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, a causa de la severa crisis de Venezuela.
Además de la represión antiopositora por parte del gobierno venezolano, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el bajísimo poder adquisitivo de los salarios, y la falta de oportunidades.
