Elvis Martínez. El Gobierno canceló los $28,4 millones restantes de los $35 millones a la empresa brasileña OAS como parte del acuerdo conciliatorio para dar por finiquitado el contrato de la concesión de ruta San José-San Ramón. Eso pese a la serie de irregularidades que organizaciones civiles han encontrado en el contrato.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el acuerdo conciliatorio con la empresa OAS “se logró con fundamento a la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social #7727, incorporada al contrato de concesión”, luego de una cita en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio.
El próximo sábado 15 de marzo vencía el plazo que tenía el Gobierno para realizar la cancelación total a OAS correspondiente a la supuestas inversiones que hizo la empresa brasileña en el tiempo que tuvo la concesión, y al pago de las también supuestas expropiaciones realizadas.
El Gobierno pagó el primer tracto por $6,5 millones en diciembre pasado. En total el Gobierno pagó a OAS 35 millones de dólares. Inicialmente el dinero iba a tomarse del presupuesto de JAPDEVA, pero finalmente fue tomado del presupuesto del MOPT, por lo que los proyectos de calles, carreteras y puentes tendrán que esperar.
El ministro de Planificación, Roberto Gallardo indicó que los recursos se tomaron del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)del presupuesto del IV trimestre de este año.
“La finalización del contrato otorga al Estado Costarricense la posesión de todos los planos, estudios y documentos técnicos, que podrán ser utilizados en la construcción de la nueva vía a San Ramón, y permite finalizar el reintegro de los recursos invertidos por la concesionaria en el financiamiento del fideicomiso de expropiaciones y por concepto de gastos operativos en los que incurrió la empresa durante la concesión”, indicó el MOPT.
Esa institución ni el Ministro de Planificación se refirieron concretamente a los bienes expropiados y a los pagos realizados.
El último pago a OAS se da en medio de los señalamientos que realizan las organizaciones civiles a través de sus representantes; folios sin firmas, documentos quemados y violaciones al Código Notarial son sólo algunas de las anomalías del contrato con la empresa brasileña.
Precisamente Álvaro Sagot representante legal de Foro de Occidente y José Antonio Rojas, de la Federación Nacional de Protección al Usuario de los Servicios Públicos, presentaron medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Señalan entre otras cosas que Humbertio Diniz Pereira, representante de OAS y quien negoció el contrato con el Gobierno, estaba cesado y por lo tanto no era funcionario de OAS cuando firmó los documentos.
