El Gobierno de Rodrigo Chaves se puso la mano en el corazón para chinear y proteger a los autobuseros del país, pues considera que han sido de los sectores más afectados por la pandemia del Covid19.
Este lunes, convocó el proyecto “Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional”, que pretende extender la antigüedad de las unidades hasta 17 años.
Actualmente, la ley 7600, en su artículo 46 bis, indica que después de 15 años de servicio el modelo la unidad debe salir de ruta y no prestar más el servicio.
No obstante, con el argumento del golpe que dio la crisis sanitaria, social y económica del 2020, el Ejecutivo propone ampliar el permiso a los empresarios para también “evitar que las personas usuarias, de comunidades principalmente rurales, se vean eventualmente afectadas”.
Según comunicó el viceministro de la Presidencia, Freddy Morera, la salvedad en este caso será que “las unidades deberán cumplir con la revisión técnica vehicular cada cuatro meses, es decir tres veces al año”, con el propósito de “resguardar la calidad de los autobuses y asegurar el servicio brindado a los consumidores”.
Por su parte, la iniciativa establece que dicha prórroga es solo aplicable para las rutas ya inscritas y no para las nuevas.
Discusión en curso
Desde septiembre, los diputados ya tenían sobre la mesa de discusión un proyecto de ley con el mismo objetivo, solo que el límite lo ampliaban hasta 20 años.
En la Comisión de Asuntos Económicos, los diputados aprobaron dictaminar el proyecto 22.530, el cual nació con el mismo objetivo que del Gobierno.
El proyecto, fue presentado en el 2021, por el entonces diputado del PUSC, Erwen Masís, nombrado recientemente por Chaves como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Lea también: Ticos viajarán en autobuses más viejos gracias a proyecto de ley
Esta iniciativa era apoyada por la mayoría de diputados de la Comisión. La única opositora fue la frenteamplista Sofía Guillén.
La congresista argumentó que “el proyecto no hace distinción entre las grandes autobuseras que cofinancian las campañas, a las pequeñas autobuseras y las cooperativas que ciertamente pueden estar en una necesidad por la pandemia”, comentó.
Guillén aseguró que otros momentos donde ha impulsado la idea de poner buses más viejos en las calles, instituciones como el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Público emitieron criterios en contra del proyecto.
Alonso Mejía.
