Gobierno nicaragüense acusa a CIDH de manipular información y emitir informes sesgados

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El gobierno de Nicaragua acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manipular La información sobre la violenta crisis sociopolítica que convulsiona al país y de emitir, al respecto, informes que calificó de sesgados.

En esos documentos, la comisión presenta el intento de golpe de Estado –como la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, describe la crisis- como un movimiento de protesta pacífica, aseguró la cancillería de ese país en el “Informe evaluativo de la actuación parcializada y politizada de la CIDH en Nicaragua”.

 

“Los informes y comunicados de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables, por su sesgo político y la metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad”, aseguró, en el texto de ocho páginas.

Las fuerzas golpistas son responsables de la pérdida de centenares de vidas durante los cuatro meses de violencia, lo que es ignorado por ese organismo enmarcado en  la Organización de los Estados Americanos (OEA), planteó, además, el ministerio.

“La CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica, omitiendo deliberadamente que las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto, cuyas causas de muerte fueron por heridas con armas de fuego ocasionadas por los golpistas”, de acuerdo con la evaluación gubernamental.

De acuerdo con el planteamiento de la cancillería, la comisión se une a gobiernos como el de Estados Unidos, en el esfuerzo por derribar al gobierno de Nicaragua.

“La actuación de la CIDH en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos y otros países, promueve maniobras políticas injerencistas, intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su Gobierno Constitucional”, y así “desvirtúa y deslegitima su actividad y la de sus funcionarios al asumir posiciones políticas, en abierta contravención de la Carta de la OEA, el Reglamento y el Estatuto de la propia CIDH”, denunció.

El gobierno de Ortega respondió así a los tres informes que la comisión ha producido sobre la situación nicaragüense, documentos en los que ha criticado la represión policial y parapolicial antiopositora.

El documento se enmarca en la crisis que, estallada el 18 de abril a raíz de un decreto que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ha cobrado casi 500 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, fruto principalmente de la represión lo mismo general que selectiva, y ha causado daño masivo a la economía nacional.

Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido mediante la represión de la protesta popular.

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