George Rodríguez EP. Solamente treinta y seis, de los más de seiscientos presos pasados, la mañana de este martes, al Régimen de Convivencia en Familia (casa por cárcel), son presos políticos, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Gobernación (Migob) nicaragüense.
Se trata de personas cuyos nombres figuran en una lista conocida en el marco de la bilateral negociación para resolver la violenta crisis sociopolítica de Nicaragua, y en una nómina que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirigió a la cancillería de Nicaragua, indicó el ministerio, en una escueta Nota de Prensa.
“A través del Sistema Penitenciario Nacional, 636 personas recibieron el día de hoy, martes 16 de abril 2019, el beneficio legal de convivencia familiar en los distintos establecimientos penitenciarios del país. Se incluyó a 36 personas detenidas, de la lista presentada en la Mesa de Negociación por el Entendimiento y la Paz, que también aparecen en lista que la CIDH-OEA envió al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 19 de marzo 2019”, señaló.
El texto de apenas un párrafo fue acompañado por la lista que incluye los nombres de los 36 presos políticos beneficiaos con la medida.
Al encabezar la nómina, se indicó que se trata de la “lista de 36 personas que fueron excarceladas el martes16/04/2019, bajo el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares”.
De los 36 reclusos pasados al nuevo régimen, solamente dos son mujeres.
Se trata de la cuarta acción gubernamental de esta naturaleza, todas enmarcadas en el proceso de negociación –actualmente en un impase- que protagonizan las representaciones de, respectivamente, el régimen del presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Los tres casos anteriores se registraron el 27 de febrero, el 15 de marzo, y el 5 de abril.
Los beneficiarios en el primer caso, 120 reclusos, mientras que en los otros dos, se trató, respectivamente, de cincuenta personas.
Las medidas aplicadas hasta ahora, no han incluido a ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, tales como los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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