- Usuarios y dirigentes guanacastecos alertan sobre posibles favores a reconocido
grupo autobusero Caribeños, que controla más de 30 rutas en todo el país
Poner en la mira y en orden a funcionarios de mandos medios del CTP ante denuncias de usuarios y líderes comunales de Guanacaste sobre posibles intentos de favorecer a uno de los mayores grupos autobuseros del país, es la petición que hacen organizaciones sociales y líderes comunales al nuevo ministro del MOPT, Mauricio Batalla.
Mediante una carta entregada en el despacho del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), organizaciones de usurios de Guanacaste solicitan a Batalla su intervención inmediata ante las denuncias de supuestas anomalías que se registran en un proceso de cambio de operador en una ruta de Guanacaste (la 1501, San José – Bolsón de Santa Cruz) y que pretenderían favorecer al reconocido conglomerado vinculado con la firma Caribeños.
En la siguiente imagen se detallan los señalamientos enviados al Ministro:
Ese proceso se tramita en el seno del CTP, el cual preside el ministro Batalla. Las denuncias puntuales se detallan en la carta adjunta a este comunicado.
“FUNDEPRODE analizó el caso y considera, al menos sospechoso, que funcionarios cuestionados ante el Ministerio Público por un supuesto favorecimiento a una empresa, vengan ahora a recomendar a esa misma firma, dejando de lado la legalidad y tratando de embaucar a los directivos del CTP”, manifestó Hermez González, presidente de la Fundación.
En ese entendido, ante la solicitud de ayuda de los usuarios del transporte público de las comunidades afectadas, la organización intervino para llamar la atención de quien preside el Consejo y que, posiblemente, ha estado alejado del trámite que los denunciantes cuestionan. En la misiva enviada a Mauricio Batalla, la organización adjuntó los principales detalles de los alegatos que los afectados le hicieron llegar con el fin de que se investigue lo ahí señalado. Pero también, ante la máxima preocupación de FUNDEPRODE, que es la defensa de los derechos de los usuarios, González no solo pidió al ministro indagar a fondo el tema, sino procurar por brindarles el servicio que ellos reclaman pues, aseguran, tienen décadas de sufrir por el mal servicio de autobuses.
CASO SOLANO IGNORADO EN EL CTP
A punta de vacíos legales y una laxa administración del CTP, ha permitido una acumulación de rutas ilegales en manos de un emporio familiar, que tiene presencia en las principales rutas del caribe y norte del país, a vista y paciencia de los gobiernos anteriores.
Una investigación de la Universidad de Costa Rica, reveló que 27 grupos empresariales se han apropiado de más de tres concesiones y permisos de rutas de autobús, algunos de ellos hasta con más de 20 en total, pese a que esto es abiertamente ilegal.
Esto ha generado una concentración que atenta contra la competencia y la capacidad de los usuarios de decidir y recibir un servicio de calidad, pues, la realidad es que un selecto grupo de 10 empresarios acaparan la mitad de los ingresos del transporte público en Costa Rica, de acuerdo con la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Ante este modo de operar, JSM, trabaja bajo una red que distribuye a sus familiares en cada una de las empresas, de las cuales, cuenta con una cantidad importante de acciones, repartidas entre su hermano, Arnoldo Solano; sus hijos Jorge, Vanessa, y Maureen Solano Zúñiga; y sus nietos Daniel y Jorge Eduardo Solano Soto.
Su hijo Jorge, es dueño de las empresas Líneas del Atlántico Ltda, y Autotransportes Caribeños S.A., pero las acciones son acaparadas en su totalidad por JSM y su nieto Eduardo. Quienes se reparten entre sí el patrimonio valorado en ₡60 millones y ₡190 millones cada uno, respectivamente.
Por su parte, Empresarios Guapileños, también se la deja JSM y su nieto, pero añade a su hija Vanessa, quien tiene 3 acciones de 10, de más de ₡23 millones cada una.
Quienes sí monopolizan con la totalidad de las acciones de una sola empresa es su hermano Arnoldo, en la Compañía Transportista del Suroeste S.A. (Contrasuli), encargada de trasladar usuarios entre San José y Puriscal.
Y su otra hija Maureen, quien tiene la totalidad del patrimonio, valorado en ₡20 millones, de la empresa Transportes Colorado de Abangares S.A.
Esta última empresa es a la que de alguna forma, se filtro el hecho falso de haber recibido el permiso para la ruta de Bolsón-San José.
Tal situación fue desmentida por el propio CTP, sin embargo, generó el descontento y la preocupación de líderes comunales.
