George Rodríguez EP. Costa Rica no es espacio para la xenofobia ni para ninguna otra expresión de odio, aseguró este jueves la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, al formular un llamado a participar en la Marcha Nacional por la Paz y la Solidaridad en Costa Rica.
En Costa Rica, las diferencias se dirimen en el marco de la ley, agregó la directora de la fundación, Lina Barrantes, citada en un comunicado de la entidad.
“Nuestro país nunca podrá tener el odio, ni ninguna de sus expresiones como xenofobia, homofobia y otros, como valor”, aseguró Barrantes.
La naturaleza de este país centroamericano es de paz, indicó, asimismo.
“El odio solo provoca devastación, guerra y violencia. No queremos eso para nuestros hijos. Queremos heredarles la Costa Rica pacífica que heredamos de nuestros padres y abuelos”, precisó.
También, destacó, en el texto de cinco párrafos, el hecho de que en el país rige el Estado de Derecho, y que las disputas que lo involucren, lo mismo nacionales que internacionales, son resueltas en el marco de la ley.
“Nos preciamos de ser un país de maestros y abogados y no de soldados. Nuestra apuesta fue siempre por la educación, no por la violencia”, dijo al directora de la fundación creada por el ex presidente (1986-1990, 2006-2010) costarricense Oscar Arias, luego de haber obtenido, en 1987, el Premio Nobel de la Paz.
La marcha, organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), está programada para llevarse a cabo la mañana del 25 de agosto en San José, la capital costarricense, una semana después de que una manifestación de características xenofóbicas derivó en incidentes y en la detención de unas cuarenta personas.
Esa marcha se llevó a cabo para condenar la presencia de miles de ciudadanos nicaragüenses quienes se encuentran en Costa Rica, huyendo de la violenta crisis sociopolítica que golpea hace algo más de cuatro meses a Nicaragua.
Según diversos cálculos, aproximadamente veinte mil personas han cruzado, hasta esta semana, la frontera binacional terrestre de 309 kilómetros, en procura de refugio en territorio costarricense.
La manifestación xenofóbica de la semana pasada incluyó a personas quienes lucían la cruz swastika –símbolo de la ultraderechista ideología nazi- así como a integrantes de violentas barras de simpatizantes de equipos fútbol, según informó entonces, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Michael Soto.
La marcha, llevada a cabo, entre otros sectores capitalinos, en el Parque la Merced -un punto de reunión de ciudadanos de Nicaragua asentados en Costa Rica-, fue convocada vía redes sociales para expresar la oposición de un sector de costarricenses a la creciente presencia de nicaragüenses quienes huyen de la violencia sociopolítica que convulsiona, hace cuatro meses, a su país de origen.
La agresividad de los manifestantes –algunos portando armas punzocortantes lo mismo que cocteles molotov que serían lanzados contra agentes de la Fuerza Pública (policía)- generó incidentes que determinaron la intervención policial así como la detención de 44 personas -38 costarricenses, seis nicaragüenses, y seis menores-, indicó el ministro.
Al describir a los participantes en la manifestación, Soto dijo que “algunas de estas personas, incluso, tienen antecedentes criminales, por diversos delitos”, y que “incluso (…) algunos de estos individuos pertenecen a algunos grupos que se dedican a actividades criminales o con algunas ideologías que no son propias de la idiosincrasia costarricense, por ejemplo, sujetos con swastikas en sus ropas, en sus cuerpos, situación que no pertenece a la idiosincrasia costarricense, y que nos preocupa”.
También participaron integrantes de barras de fanáticos de fútbol caracterizadas por la violencia que generan durante y luego de algunos partidos.
La violenta crisis sociopolítica en Nicaragua estalló el 18 de abril, a raíz de la protesta popular contra un fracasado decreto presidencial que apuntó a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Si bien el decreto fue revocado, la masiva protesta se enfoca ahora en la exigencia de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta gubernamental ha consistido en fuerte represión, lo que ha generado choques entre fuerzas gubernamentales –incluidos grupos parapoliciales- y manifestantes opositores, con saldo, hasta ahora, de aproximadamente 500 víctimas fatales, más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daño considerable a la economía nacional.
