Fuerzas armadas juran lealtad a Bukele para gobernar desde el autoritarismo

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Efectivos del Ejército salvadoreño bajo órdenes de Bukele rodean a diputados que se encuentran en la Asamblea Legislativa.

Elvis Martínez | EP. El Salvador vive una crisis política institucional, luego que el presidente Nayib Bukele llamó el sábado 8 de febrero a sus seguidores a una insurrección popular para desconocer a los diputados que no se presenten a una convocatoria ordenada por su Consejo de Ministros para forzar la votación de un préstamo de $109 millones para la ejecución de su estrategia de seguridad que busca fortalecer las fuerzas militares del país.

Lo que empezó como un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo terminó en una crisis democrática con la Fuerza Armada y jefes policiales jurando lealtad al presidente Bukele.

“Reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas”, manifestó el ministro de Defensa, René Merino.

Tras la decisión del Mandatario salvadoreño, el presidente de la Asamblea Legislativa  Mario Ponce, convocó a un sesión la tarde del sábado, sin embargo no hubo quórum; solo asistieron 28 diputados, por lo que el gobierno de Bukele desplegó a decenas de soldados del ejército para acordonar las calles aledañas al Palacio Legislativo.

El presidente del Congreso, Mario Ponce ha manifestado que hay voluntad política para solucionar el conflicto entre el Lesgislativo y el Ejecutivo.

 

El empréstito solicitado por Bukele depende de la decisión de las bancadas mayoritarias compuestas por 33 diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y 22 legisladores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes  definirán el destino del préstamo en la plenaria convocada para el lunes 10 de febrero.

De acuerdo con informes periodísticos de El Salvador, dos ciudadanos presentaron ante la Sala Constitucional un recurso en la que solicitan una medida cautelar urgente para cancelar la convocatoria a plenaria de Bukele por considerarla antidemocrática. Por su parte organizaciones gremiales y no gubernamentales de El Salvador advirtieron de los efectos que tendría la decisión presidencial para la democracia salvadoreña.

“Rechazamos cualquier intimidación hacia el Legislativo por parte del Ejecutivo, y exige al Presidente Bukele retractarse de cualquier llamado a la insurrección ciudadana que puede generar graves actos de violencia en el país”, manifestó la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD).

Por su parte el procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, dijo en declaraciones a la prensa que es “grave, temerario e irresponsable” que se haga un llamado a la insurrección.

“pareciera que se pretende crear condiciones parecidas a las de Suramérica donde la conflictividad social ha llegado al exceso de derrumbar parlamentos cuando estos no han sido anuentes al Ejecutivo”, manifestó Tobar.

Despliegue de fuerzas desde el Ejecutivo

Entre las acciones del Ejecutivo para que se cumplan las órdenes de Bukele varios Ministerios e instituciones intruyeron a sus empleados a presentarse a la convocatoria del Presidente  ante las puertas del Congreso.  “no pasaremos lista”, señalan algunas comunicaciones emitidas desde las instituciones de Gobierno.

Tarimas instaladas frente a la Asamblea Legislativa . Foto Víctor Peña, El FARO.

El periódico El Faro informó que en empleados de Casa Presidencial montaron una tarima metálica frente al Congreso vigilados por efectivos de las Fuerzas Armadas.

El origen de la crisis política

Entre los planes y promesas de gobierno del presidente Nayib Bukele está el “Plan Control Territorial”, publicitado como una estrategia de seguridad ciudadana durante el primer año de su gobierno. Para ello, el Mandatario urge al Congreso la aprobación de un préstamo de $109 millones destinado a financiar la tercera fase del proyecto.

Sin embargo, sus detractores aseguran que lo que está en juego no es la aprobación del préstamo, sino una autorización para que el ministerio de Hacienda negocie el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a  financiar la “movilidad estratégica” por 46.9 millones de dólares, incluyendo dos helicópteros y un buque, así como $25.9 millones contemplados para pagar, entre otro rubros, infraestructura y cámaras de videovigilancia.

Tras escuchar los argumentos de los ministros de Hacienda, Seguridad y Defensa, el 27 de enero de 2019, a excepción de la bancada del FMLN, los diputados habían aprobado con 43 votos un dictamen para que el Gobierno negociara el empréstito para que luego regresara a la Asamblea para su aprobación (56 votos). Sin embargo, Arena retiró el apoyo al proyecto aduciendo que el proyecto de ley necesitada de más estudio.

El pasado 6 de febrero el presidente Bukele haciendo uso del artículo 167 de la Constitución de El Salvador, que faculta al Consejo de Ministros a convocar a la Asamblea a sesionar “cuando los intereses de la República lo demanden”, anunció que recurriría “a utilizar los poderes constitucionales”.

 

La facultad constitucional no había sido utilizada desde los Acuerdos de Paz de El Salvador.

La acción de Bukele ha sido calificada como una “ligereza con la que una vez más ha recurrido a escenificar en las calles el poder del Ejército y la Policía a su servicio van mucho más allá de su habitual utilización del alto respaldo popular que le atribuyen las encuestas para desacreditar cualquier crítica, e intimidar a sus adversarios”, cita El Faro es su editorial “No más golpes a la democracia”.

Los diputados opositores coinciden en que la convocatoria transgrede la independencia de poderes de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución Salvadoreña.

“imponer que un órgano del Estado actúe conforme a lo que el otro quiere es un capricho” y una violación a la constitución, señala Anabell Belloso,legisladora por el FMLN.

 

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