El alcalde de San José Diego Miranda, tiene una investigación abierta en su contra por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, esto por la suspensión del cobro de los parquímetros.
Se le investiga es una posible influencia en contra de la Hacienda Pública, esto debido a las pérdidas que la decisión de Miranda le estaría provocando a las finanzas del municipio.
La causa se abrió el pasado 11 de setiembre del año en curso y se mantiene en etapa de investigación por lo que no se pueden brindar más detalles.
La denuncia fue interpuesta por la auditoría interna ya que la suspensión anunciada por Miranda el pasado 23 de julio no contaría con respaldo técnico ni legal.
Al respecto, la regidora del PLN, Iztarú Alfaro Guerrero lleva meses cuestionando a Miranda, al punto que tuvo que recurrir a la Sala IV para obtener las respuestas técnicas que justifiquen el accionar del alcalde.
“Creo que es necesario que el alcalde responda a las autoridades por su accionar. Ya en su momento lo emplazó la Sala IV y ahora debe responder a la Fiscalía. Son de la Municipalidad son de toda la ciudadanía Josefina y su deber es responder en función del interés público”, opinó Alfaro Guerrero.
Al momento de hacer el anuncio de la suspensión de este cobro además dijo que en mes y medio se estaría reestableciendo pero esta es la fecha en que no ha ocurrido y los parquímetros no se cobran.
Esto pese a que el 4 de setiembre, la mayoría de regidores del Concejo Municipal de San José adjudicó por cinco años más el sistema al consorcio Setex – Alpha, el mismo que Miranda había quitado.
De hecho el propio alcalde había solicitado al Concejo Municipal que declararán desierta la licitación en curso para buscar un nuevo contrato, pero esto no fue acatado por los regidores.
Según los cálculos de algunos regidores ya las pérdidas por no cobrar los parquímetros pueden rondar los ¢700 millones.
